El fracaso de la última reunión enquista el conflicto en Bilbobus

Lo que ocurrirá a partir de ahora es una incógnita. La línea roja de ELA, que ha sucedido a UGT al frente del comité de empresa, es que las subidas salariales se vinculen al IPC. Una posibilidad que Biobide ayer descartó por completo. El cálculo de costes de personal en la adjudicación del futuro contrato de Bilbobus, que abrirá la puerta a realizar unas subidas salariales que no permite el actual convenio, tendrá como referencia los aumentos de sueldo del funcionariado y no la evolución del indicador que marca el coste de la vida.

El hecho de que los incrementos de las retribuciones al personal público las fije el Gobierno central (normalmente atendiendo a la inflación prevista) no es del agrado de una central soberanista que considera que «se neutraliza el marco de negociación propio y se someten las remuneraciones a las leyes estatales».

Las conversaciones empiezan, así, desde cero. La adjudicataria aclaró ayer que el preacuerdo que alcanzaron hace tres semanas con el comité de empresa, y que posteriormente rechazó la asamblea de los trabajadores en una ajustada votación, carece de validez y que no puede interpretarse como el punto de partida cara al futuro. Esta propuesta contemplaba una subida salarial del 4% tanto en 2022 como en 2023 y de un 2,5% en el presente ejercicio. Durante los siguientes tres años, en cambio, los salarios se vincularían a la subida del funcionariado.

Las pocas esperanzas de encontrar una solución en el corto plazo han llevado a la empresa adjudicataria a plantear que el futuro convenio tenga una vigencia, al menos, hasta el 31 de diciembre de 2028, «entendiendo que ello daría estabilidad y certeza al nuevo contrato». La anterior propuesta del comité de empresa, en cambio, vinculaba el pacto hasta 2026.

En cuanto a la batería de medidas sociales planteadas, Biobide se abrió a transformar los contratos de los 20 trabajadores empleados al 62% y pasarlos a tiempo completo. Sin embargo, los supeditó a «cambios sustanciales en materia de cambios de turno, ampliación de las horas parciales y mayor reparto de las horas de línea». Así, la adjudicataria instó al comité a elaborar una propuesta concreta sobre cómo implementar esta medida. Una misiva que desde ELA interpretan como una muestra de «la nula voluntad por eliminar la precariedad».

En el resto de peticiones planteadas por los sindicatos (compensación por los festivos trabajados y asegurar las pagas extra al personal de baja), la empresa alegó ayer que cumple la legalidad. ELA, en cambio, lo interpreta como «un planteamiento regresivo» que deja en evidencia «la nula voluntad por eliminar la precariedad». Al carrusel de declaraciones realizadas sobre el conflicto se unió ayer Loli García, secretaria general de CC OO en Euskadi. Arremetió contra Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao, a quien acusó de «criminalizar a los trabajadores» tras las declaraciones en las que calificó la huelga como injusta. «El Ayuntamiento debería ayudar y apretar a la concesionaria de un servicio subcontratado», dijo.

El pasado miércoles tuvo lugar una nueva agresión a un conductor de Bilbobus. Ocurrió en la calle Cortes, cuando el autobús se aproximaba a una parada. En ese momento, se percató de que un coche ocupaba parte del estacionamiento. Según le explicó el dueño del vehículo particular, había sufrido una avería, por lo que había empujado el automóvil para detenerlo en la parada del autobús.

Ante esta situación, el chófer de Bilbobus solicitó al particular que moviera su coche hacia delante para facilitar la salida de la unidad y poder maniobrar. Esta situación derivó en que el aludido abandonara su coche, se dirigiera al autobús y golperara al conductor, que ha presentado una denuncia por agresión.