La concertada afronta dos huelgas más y un fin de curso sin solución al conflicto

La pasada semana, las centrales convocantes de los paros -ELA, Steilas, CC OO, LAB y UGT- criticaron que tanto la patronal como el Departamento de Educación «no han dado pasos que abran vías de entendimiento» y anunciaron las reuniones con las formaciones políticas para «denunciar la falta de voluntad negociadora real» de los gestores privados de los 200 centros afectados, donde estudian más de 100.000 alumnos. Censuraron de nuevo a la consejería de Cristina Uriarte por su falta de «implicación» en la búsqueda de soluciones, lo que «supone una enorme irresponsabilidad».

Las centrales denuncian que «la negativa» de la patronal a admitir sus propuestas y la «inhibición» de Educación han provocado que se incumpla la resolución que en febrero aprobó la propia Cámara vasca, en la que se reclamaba al Departamento «que se implicase en el conflicto». Por eso insistieron en que «deben adoptar medidas y decisiones» que ayuden a desbloquear la situación «por el bien» de las familias y alumnos afectados. Los sindicatos en lucha advierten de que el conflicto en la enseñanza concertada proseguirá el próximo curso, porque «sin nuevas propuestas, seguiremos por la vía de la movilización y no nos dejarán más opción que las huelgas».

Estos dos nuevos paros se producen en un momento de hartazgo de las familias ante el gran número de jornadas de clase perdidas, 24 este curso, que afectan principalmente a los alumnos de Bachillerato, ya a las puertas de la Selectividad. Las asociaciones de padres de alumnos del sector también han llevado su reclamación de que se avance en la negociación para poner fin a los paros a los partidos políticos, el Ararteko, los sindicatos y las patronal sin resultado alguno.

A las huelgas están llamados cerca de 9.000 trabajadores de colegios de iniciativa social. Las principales reivindicaciones que ponen los sindicatos encima de la mesa son la recuperación del poder adquisitivo de los diez años sin convenio (cercano a un 12%), recolocación del personal afectado por el cierre de aulas ante la caída de la natalidad, reducción de la carga de trabajo, reconocimiento de 70 horas de trabajo personal y mejora de las condiciones laborales de los especialistas de apoyo educativo y personal de primer ciclo de Educación Infantil. Kristau Eskola ha aceptado ciertas peticiones, pero ha reiterado que las peticiones económicas ponen en riesgo la viabilidad de numerosos centros.

Por su parte, el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado que el Ejecutivo ya ha hecho «todo lo que está en su mano» para contribuir a la resolución del conflicto labora, por lo que ha reiterado su emplazamiento para que la patronal y los sindicatos del sector actúen con «responsabilidad» y eviten causar un perjuicio «irreparable» a los alumnos y a sus familias.

Erkoreka ha reiterado que la capacidad de mediación del Gobierno está «circunscrita» a la que pueda realizar el Departamento de Trabajo en el ámbito de sus competencias relacionadas con los conflictos laborales. Asimismo, ha destacado que la mediación del Departamento de Educación «no está prevista ni es posible». «El Gobierno vasco no puede actuar más allá de las atribuciones que tiene legalmente encomendadas», ha subrayado, para añadir, a continuación que el Ejecutivo ya ha hecho «todo lo que está en su mano» para tratar de propiciar un acercamiento entre las partes.

Por ese motivo, ha pedido a la patronal y a los sindicatos del sector que actúen con «responsabilidad» y «proporcionalidad», para evitar un perjuicio «irreparable» a los alumnos de los centros concertados de iniciativa social y a sus familias.