Cinco años de la mayor catástrofe medioambiental de Euskadi

Cinco años después de la mayor catástrofe medioambiental de la historia contemporánea de Euskadi -la fecha exacta se cumple este próximo jueves-, lo único que se mantiene intacto en el vertedero de Zaldibar son los carteles que recuerdan a los visitantes que se encuentran en una zona peligrosa. Las señales de tráfico fueron colocadas en los años de esplendor de la escombrera. Los letreros advertían de que se trata de una vía con tramos del 15% de inclinación, de curvas pronunciadas y en la que la circulación de camiones era constante. En aquella época, la empresa Verter Recycling recibía cada día decenas de vehículos con desechos, a un ritmo muy superior al previsto, e ingresaba millones de euros cada ejercicio. Hoy el vertedero parece una instalación abandonada.

El pasado agosto el Gobierno vasco culminó las obras de sellado «provisional» de la ladera con láminas de polietileno y desde entonces apenas ha habido movimiento en la zona. Esta semana, no obstante, una brigada de operarios se afanaba en recolocar y asegurar con neumáticos diversas lonas que habían volado tras el temporal de estos últimos días.

«El vaso de vertido en el que se produjo el deslizamiento ha sido sellado para que no se infiltren aguas de lluvia, evitando así la acumulación de peso y permitiendo la estabilidad de la masa de residuos», detallan fuentes del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad. «Terminados esos trabajos, es el titular de la instalación -es decir, la empresa- quien debe realizar el mantenimiento y llevar a cabo los controles necesarios, como medir el nivel freático en el interior del vaso de vertido y el caudal de salida de lixiviados al exterior», añaden.

En estos cinco años, tampoco han desaparecido las pancartas que algunos vecinos de los barrios de Eitzaga, en Zaldibar, y de San Lorenzo, en Ermua, colocaron en sus viviendas reclamando justicia poco después del desastre. Los residentes de estos barrios se opusieron desde el principio a la apertura del vertedero y fueron los principales perjudicados por la ola de 800.000 metros cúbicos de tierra y residuos peligrosos (suficientes para llenar un estadio como San Mamés) que se deslizó ladera abajo hasta cortar los cuatro carriles de la autopista AP-8. Muchos tuvieron que cerrar puertas y ventanas por los gases tóxicos que emitían los desechos.

Los dueños de alguno de los caseríos más próximos a la instalación incluso han sufrido expropiaciones de terreno para garantizar la estabilidad de la escombrera. Y, sobre todo, lamentan que tengan que convivir para siempre con la montaña de escombros en esas condiciones -de vez en cuando se producen roturas parciales en el sellado- y que sigan sin recibir de las instituciones información directa de lo que ocurre.

Casi todo lo demás ha cambiado desde aquel 6 de febrero de 2020. Cambiaron las vidas de las familias de Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, los dos trabajadores de la escombrera que fallecieron sepultados. De hecho, el cuerpo del primero de ellos no pudo ser recuperado después de una búsqueda que se prolongó durante 15 meses. El trabajador de Zalla, que minutos antes del colapso empezó a alertar a sus compañeros para que saliesen de allí, descansa para siempre en el lugar en el que murió tratando de salvar otras vidas.

Cinco años después, el dolor sigue ahí, pero las familias se esfuerzan por pasar página. «No queda otra que intentar tirar hacia adelante», subraya Txisko Beltrán, uno de los hermanos de Joaquín. Naia Sololuze, la hija de Alberto, añade que el «tiempo ayuda a sobrellevar» la pérdida de un ser tan querido, pero reconoce que es inevitable que los recuerdos afloren cuando se acerca la fecha del aniversario.

En estas circunstancias, también ha descendido el interés general por la investigación judicial que todavía hoy se sigue en los juzgados de Durango, que avanza con pies de plomo. En septiembre de 2021, se cerró una de las dos causas abiertas por este asunto: la que hacía referencia a la muerte de Beltrán y Sololuze. Los máximos responsables del vertedero alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía y las familias, a las que indemnizaron con 2,75 millones de euros para eludir la cárcel. El dueño del vertedero, José Ignacio Barinaga; la gerente, Arrate Bilbao; y el ingeniero jefe, Juan Etxeberria, aceptaron una pena de 6 meses de prisión por un delito de homicidio imprudente y otro contra los derechos de los trabajadores.

La vertiente judicial que sigue abierta se refiere a los supuestos delitos medioambientales (y los que se pueden derivar de estos últimos) que se cometieron. Fuentes jurídicas explican que se trata de un asunto «muy técnico» en el que los informes -y contrainformes- periciales sobre el control de los desechos y la construcción de la escombrera, entre otros factores, tienen un gran peso. En este sentido, las supuestas responsabilidades por el colapso de la escombrera pueden ser de distinto signo.

En la investigación se ha citado a declarar como investigadas a 13 personas por su supuesta relación con el derrumbe de la instalación. Además de los dueños del vertedero, figuran tres técnicos del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco. Se trata de dos especialistas del servicio de inspección que intervinieron en la concesión de la licencia a Verter Recycling y uno del área de residuos no peligrosos. También han declarado como imputados diversos técnicos de dos empresas -Lurtek y Geyser- que colaboraban con el vertedero. A varias de estas personas se les acusaba en un primer momento de un delito medioambiental y de falsedad en documento oficial, aunque este último cargo ha sido archivado.

Unos de los informes periciales más determinantes en la instrucción apunta hacia posibles deficiencias en la construcción del vertedero como una de las claves de lo ocurrido. Uno de estos estudios fue elaborado por el Cedex, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. Como ya adelantó EL CORREO, Verter consiguió en 2007 la autorización ambiental integrada para llevar adelante el vertedero tras presentar un informe de la ingeniería LKS, pero poco después contrató a Geyser, que realizó «variaciones morfológicas» sobre el boceto autorizado por el departamento de Medio Ambiente. La propia empresa hablaba en su web de un «nuevo» proyecto. Además, esta misma empresa realizó en 2018 dos informes que ya alertaban de los problemas de estabilidad del vertedero.

En el juzgado de Durango todavía quedan pendientes algunas declaraciones y nuevas pruebas. En este contexto, el pasado 29 de noviembre la magistrada encargada del caso decretó la prórroga de la instrucción judicial por otros seis meses. Según fuentes jurídicas, si no surgen nuevas líneas de investigación, es probable que sea a mediados de este año cuando termine la instrucción, en la que la asociación Ekologistak Martxan representa la acusación popular. Será entonces cuando la magistrada decida si hay base suficiente para llevar el caso a juicio.

A la investigación penal del colapso se une otro procedimiento cuyo futuro es todavía más incierto. Hablamos de los «cerca de 30 millones de euros» de dinero público que el Gobierno vasco ha invertido en el vertedero de Zaldibar en las tareas de rescate, estabilización y sellado de la escombrera. Las autoridades insistieron desde el primer momento en que actuaban en Zaldibar de manera «subsidiaria», por lo que repercutirían a la empresa los gastos de todo el operativo. «Iniciamos los procesos administrativos para recuperarlos pero el proceso penal abierto condiciona la posibilidad de completarlos», explican fuentes gubernamentales, quienes también apuntan que los diferentes expedientes sancionadores y de responsabilidad ambiental abiertos contra la empresa «se dirimirán» en el juzgado.

La realidad es que, según fuentes especializadas, va a resultar muy complicado que el Ejecutivo pueda recuperar ese dinero. El concurso de acreedores en el que entró Verter Recycling finalizó en octubre de 2023 y la empresa fue liquidada. Antes de desaparecer formalmente, la compañía ofreció los terrenos de su propiedad en la ladera de la montaña a cambio de saldar la deuda. Pero los distintos estudios realizados allí -incluido uno de la Spri- ven inviable que se le puedan dar usos industriales. Además, fuentes cercanas a la administración concursal confirmaron que el vertedero forma parte de los bienes que la empresa tuvo que ceder a sus acreedores. La representación legal de Barinaga no quiso realizar comentarios.

De cara al futuro, aún queda por aclarar cuándo se clausurará definitivamente el vertedero y, de esa manera, se pueda afirmar que el desastre de Zaldibar es cosa del pasado. Para ello será necesario acometer una «secuencia de impermeabilización de varias capas sintéticas y una cubrición con tierras» de toda la zona. Desde el Gobierno vasco defienden, una vez más, que esa tarea deberá recaer en el titular de la instalación. Pero la experiencia de estos cinco años anima a aventurar que el Ejecutivo autónomo será quien ejecute esos trabajos. «Nuestro plan es mantener las medidas de control del vertedero evitando cualquier tipo de afección ambiental y de seguridad», se limitan a confirmar desde Medio Ambiente.