El centro de Sopuerta abre con una veintena de menores y presencia policial a diario

Este inmueble, una antigua residencia de ancianos, de unos 900 metros cuadrados y situado en una parcela de más de 13.000, que se vendía hasta hace poco en algunos portales inmobiliarios por 1,3 millones y que ha sido adquirido por una fundación catalana, acoge en estos momentos, según apuntan los vecinos de la zona, a casi una veintena de chavales migrantes, tutelados por la Diputación. Un edificio singular al que como también indican a este periódico los residentes en este punto, han acudido patrullas de la Ertzaintza «en numerosas ocasiones». «Llevan poco tiempo pero hemos visto coches de la Policía autonómica a diario, e incluso varias veces en un día, y también alguna ambulancia», coinciden en señalar varios.

Los menores, como pudo comprobar EL CORREO, tienen las puertas abiertas del centro, y salen a pasear por las inmediaciones, principalmente en pequeños grupos, con total normalidad. A algunos se les ha visto tratando de conseguir tabaco en un bar situado a escasos metros, a donde también se han acercado en busca de agua, y varios vecinos aseguran que alguno de estos chavales ya ha protagonizado una fuga que se atajó unas horas después, tras dar con uno de estos chicos escondido bajo un vehículo aparcado en las cercanías. «De momento no ha habido ningún follón, salvo un día que uno se puso a saltar encima del capó de un coche de un trabajador», remarca un residente del barrio de Mercadillo, que sin embargo tiene muy presente los graves incidentes registrados hace años en los cercanos municipios de Arcentales y Carranza, por los menores que se encontraban en dos servicios idénticos a este que acaba de echar a andar en Sopuerta.

Esta «gran incertidumbre» está instalada en el pueblo, y hace que los vecinos sean muy reticentes a la hora de hablar del tema. Esquivan identificarse con nombres y apellidos. y varios de ellos, los que viven en las inmediaciones, se han organizado para tratar de estar pendientes por las noches. «Se ha visto a alguno de madrugada por la calle, o llegando de noche en taxi, y esta situación nos hace estar alerta», confiesan. «Antes aquí teníamos una sensación de que no había peligro alguno, pero ahora todo ha cambiado», relata una vecina.

Para tratar de frenar este proyecto de centro de menores un residente en el pueblo llegó a ofrecer sin éxito un millón de euros a su propietaria para comprar la finca y el edificio, y se ha creado un movimiento vecinal espontáneo que logró llevar sus quejas en dos ocasiones hasta Juntas Generales, organizando además varias manifestaciones y concentraciones tanto a las puertas del Ayuntamiento como del propio palacio. «Por respeto a los menores decidimos que estando ya aquí no íbamos a hacer más», explican. Y es que tal y como remarcan en todo momento, además de tener miedo a posibles incidentes, «por experiencias pasadas», tratan de mirar por el bien de los chavales.

Sostienen que el pueblo de Sopuerta «no es racista», aseguran que hay varios inmigrantes que se han «integrado y son como uno más», y resaltan que la localidad «no está preparada para acoger un centro de menores». Y es que han vuelto a recordar que este pueblo «no es el entorno adecuado» para un centro de estas características por su escasez de servicios, siendo definido por la propia Diputación como un municipio «con una vulnerabilidad media-alta». «La comisaría más cercana de aquí está a 15 minutos, no hay actividades lúdicas, solo hay pediatra dos veces a la semana y apenas hay servicio de transporte». Por no hablar de la falta de accesibilidad en todo el pueblo, y que este edificio se encuentra junto a un punto negro de sus carreteras. «Creemos que este es un centro improvisado porque estos requisitos vienen en el propio decreto de Diputación, y no están cumpliendo su propia normativa».

La presencia ayer de este periódico en las inmediaciones de este centro incomodó y puso nerviosos a algunos de sus residentes, y también de sus trabajadores. Este medio trató de ponerse en contacto sin éxito con el Ayuntamiento, y desde el ente foral no quisieron ofrecer ningún tipo de información, remarcando que «son menores en situación de desprotección a los que hay que proteger».