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Un centenar de vecinos de la Merindad de Montija, municipio burgalés de Las Merindades situado muy cerca de Villarcayo, a menos de una hora en coche de Bilbao, se manifestaron ayer frente al Ayuntamiento de la localidad para exigir la dimisión de su alcalde, Florencio ... Martínez (PP).
La protesta había sido convocada por el grupo Iniciativa Merindades-Vía Burgalesa, cuyo concejal, Lorenzo Castresana (natural de Barakaldo), ha presentado una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue al regidor por un presunto delito de corrupción. Este pequeño pueblo de Las Merindades tiene 850 residentes empadronados aunque también cuenta con una población flotante importante procedente de Bizkaia que pasa allí temporadas o fines de semana. El municipio fue noticia en diciembre pasado al denunciar el partido de la oposición que Martínez, de 80 años, percibía dinero tanto del Consistorio como de la Mancomunidad Norte Trueba Jerea, ingresos que compatibilizaba, además, con su jubilación.
Un cargo público tiene prohibido por ley recibir la pensión y, de manera simultánea, un salario fijo por su desempeño corporativo. El caso salió a la luz después de que la Junta de Castilla y León advirtiera mediante una misiva que el líder del PP, que lleva 37 años de alcalde, estaba percibiendo cantidades reseñables de dinero público al mismo tiempo que ingresaba las mensualidades de su jubilación.
La secretaria municipal, Beatriz Miguel, matizó entonces que los ingresos del regidor no se correspondían técnicamente con una nómina estable, sino que el dinero destinado a su cuenta corriente procedía de «indemnizaciones por asistencias a despacho», lo que podría considerarse en el lenguaje coloquial como una compensación por el desarrollo de su trabajo.
En 2022, el regidor ingresó 20.594 euros de las arcas municipales, según los datos oficiales que obran en el registro ISPA del Ministerio de Hacienda. En 2021, la cantidad fue de 17.833 euros. Y en los años precedentes, la suma alcanzó los 16.146, 11.660 y 15.295 euros. A esto habría que sumar más cantidades procedentes de la mancomunidad de la comarca.
A finales del año pasado, en un intento de regularizar la situación, Martínez anunció que suspendería el cobro de su pensión y aprobó en el pleno, en el que cuenta con mayoría absoluta, retribuir su actividad mediante un sueldo fijo de 25.540 euros en 14 pagas, lo que corresponde a una dedicación del 50% (el máximo en este caso para núcleos de menos de 1.000 habitantes es de 25.555).
Los manifestantes exigieron ayer que se investigue lo sucedido con este caso. «Dice el alcalde que desconocía que era incompatible una cosa con la otra, pero el desconocimiento no exime de responsabilidad», aseguró Castresana, que ha pedido que se cree una comisión de investigación en el Ayuntamiento. El edil de la oposición también denuncia que «Martínez hace la vida imposible a todos los que estamos intentando que este asunto se aclare y se depuren responsabilidades».
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