Cárcel para dos de los mayores morosos de Bizkaia por usar facturas y empresas fantasma

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El taller de fundición y moldeado de plástico pasó también a engrosar la lista de los mayores morosos que la Hacienda de Bizkaia publica periódicamente, con un pasivo de 1,49 millones de euros. Dinero que, al menos hasta junio pasado, no se había saldado, ni siquiera parcialmente. La institución foral no ha querido hacer declaraciones ni aportar información para este artículo.

Casi quince años después de los hechos, el Tribunal Supremo acaba de dar carpetazo al caso. Los jueces condenan a Gerardo C. W., el gestor de Talleres Bakelan, a dos años y un día de cárcel, una resolución que conlleva su entrada en prisión. Los magistrados también castigan con 21 meses de privación de libertad a María G. I., una mujer que ejerció de cómplice y cuya empresa también figura en el listado de morosos del fisco vizcaíno, con un pasivo de 2,16 millones. En principio, la que fuera administradora única de Laukagoi S. L. podría eludir el ingreso en un centro penitenciario, al ser la pena impuesta inferior a dos años y carecer de antecedentes penales.

La historia de Talleres Bakelan tiene muchos paralelismos con otras empresas de la Margen Izquierda que se levantaron de la nada y que llegaron a hacerse un hueco importante en su sector. También guarda similitudes con algunos empresarios que figuran en ese mismo listado de deudores, como Jabyer Fernández, el mayor de todos, nacido muy cerca, en Santurtzi. Otro hombre de negocios hecho a sí mismo y que acabó en la cárcel por el ilícito de insolvencia punible, precisamente el mismo delito por el que ahora ha sido hallado culpable Gerardo C. W., que también deberá pagar por el de falsedad documental.

Talleres Bakelan se fundó en 1959. Cuenta uno de sus exempleados contactado por este diario que fue un inmigrante de origen gallego el que vio la oportunidad de fabricar productos de baquelita, el primer plástico totalmente sintético que se comercializó a gran escala. La firma comenzó a producir resinas que se podían utilizar en la industria eléctrica por sus fabulosas propiedades aislantes. De hecho, aún hoy se venden utensilios de cocina con asas de este material por su capacidad para proteger del calor. «La empresa funcionó muy bien. Es verdad que atravesamos alguna crisis. En momentos puntuales, los obreros llegamos a ir a nuestro puesto sin cobrar para salir del bache, pero por lo general se hizo dinero».

Así que nadie en la plantilla se esperaba la bomba que estalló en 2011 y que les obligó a recurrir al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para cobrar sus sueldos. La explosión se venía fraguando con anterioridad. Según la documentación judicial y del Registro Mercantil, Gerardo accedió a su cargo de administrador único en 2000. Cuatro años después, contactó con su cómplice y «se pusieron de acuerdo para, con una intención de obtener beneficios patrimoniales ilícitos, constituir sociedades instrumentales carentes de todo desarrollo organizativo y medios materiales y humanos, posibilitando la emisión de facturas mendaces (falsas) sin contenido económico que fueron empleadas para vaciar el patrimonio de Talleres Bakelan».

Utilizaron al menos tres mercantiles para mover el dinero y vaciar los talleres. La principal sociedad pantalla fue Laukagoi, que tenía su sede en el número 5 del Paseo de Uribitarte de Bilbao. El local fue embargado por deudas con la Seguridad Social. Hoy es un centro de masajes. La artimaña empleada consistió en simular un contrato de alquiler de maquinaria. En apariencia, la compañía bilbaína arrendaba a la portugaluja unos inyectores de plástico. Así se desviaron unos dos millones. La realidad es que esas herramientas pertenecían a los propios talleres. Nunca habían salido de allí y no necesitaban ser alquiladas.

El primer juicio que enfrentaron Gerardo y María fue mercantil. En 2016, una jueza les señaló como culpables de la quiebra de Talleres Bakelan. A él le inhabilitó por 10 años para administrar bienes y le condenó a pagar 2,03 millones. A ella y a sus empresas, a abonar 2,07 millones por los perjuicios causados. Después, comenzó el recorrido penal que concluyó este 5 de marzo con la sentencia del Supremo que les castiga a 2 años y 1 día y a 21 meses de cárcel, respectivamente. En el solar de los talleres se levanta hoy un comercio chino.