El camping Arenas de Ajo cuadruplicó su superficie en veinte años

Una decisión que, a la postre, fue determinante para que el 24 de octubre del año pasado se viviera un punto de inflexión con la ratificación del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que desembocó en el mes de enero en el corte de los suministros de luz y agua de la zona declarada ilegal por parte del Ayuntamiento de Bareyo. En concreto, se trata de nueve parcelas que se emplearon de manera «clandestina» y «sin ningún tipo» de licencia ni de estudio ambiental pese a que, además, afectaban a una zona incluida dentro del área de protección del Plan de Ordenación del Litoral (POL).

Aunque esta decisión judicial era la constatación de un largo recorrido en los tribunales que comenzó en 2014, cuando llegó la primera sentencia firme. En la misma se ratificaba la desestimación ante la solicitud de ampliación que solicitó el camping en 2011 ante la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria (Crotu). «La zonificación de la parcela en el Plan de Ordenación del Litoral, como zona de protección litoral, y estando clasificada en el planeamiento como suelo rústico, le hace totalmente incompatible con el uso cuya autorización se pretende y que ha sido correctamente denegado por la actuación recurrida» eran algunos de los razonamientos a los que llegaba la resolución.

Así ha crecido el Camping Arenas de Ajo en 20 años

2001

2007

2014

2017

2024

Parcela legal

Parcela legal

Parcela legal

Parcela legal

Parcela legal

Pese a este revés en los juzgados, el camping Arenas no dejó de crecer y operar en unas parcelas que no estaban destinadas para ello, como se puede ver en el gráfico que ilustra estas páginas. Aunque los administradores de la propiedad no han querido realizar ningún tipo de declaración a este periódico, sí se han manifestado a través de redes sociales. Felipe Crespo, uno de los propietarios, explica que se decide comprar los terrenos porque en esos momentos se estaba desarrollando el Plan General del municipio y esos espacios aparecían como «suelo urbano para camping». Y asegura que llegó a haber una aprobación inicial. «Con el convencimiento de que se podría hacer un proyecto y legalizar, se decide empezar a colocar bungalows. Finalmente, el Plan General del municipio pierde fuerza y termina por extinguirse y no salir hacia adelante», relata.

En el lado opuesto a esta situación se encontraban los usuarios del camping, que desconocieron hasta el año 2019 el entramado jurídico en el que se encontraban parte de las instalaciones. Ese fue el momento en el que los campistas recibieron una primera comunicación de los propietarios a través de mensajería instantánea en la que explicaban que se hallaban en una serie de procedimientos de defensa de legalidad de sus instalaciones y que podía conllevar la necesidad del cierre de algunos espacios. Sin embargo, las instalaciones siguieron en funcionamiento con total normalidad y sin ningún tipo de restricción, aunque los usuarios decidieron dar un paso adelante y crear una asociación de afectados, que ha empezado a tomar las calles de Ajo en este 2025 con manifestaciones y con la vista puesta en presentar una querella criminal.

Amenazas, ofrecimiento de dinero por su silencio y numerosas visitas al Ayuntamiento son solo algunas de las situaciones por las que ha tenido que pasar el vecino del municipio que se unió al procedimiento administrativo y que prefiere mantener su identidad en el anonimato. «Yo veía extraño tanto movimiento de tierra en las nuevas parcelas, pero sí me doy cuenta de un cambio de tendencia en el camping a finales de los años 90. Ya empiezan a verse menos caravanas y autocaravanas», explica. «A partir de la década de los 2000 es cuando van haciéndose con parcelas junto al camping original. Ahí es cuando por primera vez yo me acerco al Ayuntamiento para preguntar sobre los movimientos de tierra que hacían, porque en ese momento no me cuestionaba si tenían la licencia. A mí todo el rato me decían que estaba todo en regla».

Un crecimiento del camping y de las casas móviles que le hizo ver como los módulos se pegaban al linde de su casa. «Yo me he querido ir de aquí y vender mi casa. No he podido hacerlo porque hay gente que no quiere estar en esta situación. Es verdad que no me molestan mucho, pero sí he tenido algún problema con la sustracción de varias mascotas, pero lo solucioné al hacerme un cierre total».

Otro de los motivos por los que ha decidido implicarse e interesarse por la situación de las instalaciones del camping Arenas ha sido la pérdida de biodiversidad. «Yo nunca he querido ir contra los campistas, solo frente a un camping que los ha estafado y se ha cargado el ecosistema natural y bello con el que contaba Ajo». Asimismo, el denunciante advierte de que la zona es inundable: «A poco que llueva, todas las tierras se anegan».

Uno de los siguientes pasos que debía dar el camping Arenas para evitar sanciones era presentar un proyecto de derribo en el Ayuntamiento de Bareyo. Un hecho que su alcalde, Pedro Prieto, confirmaba: «Tenemos el proyecto, pero ahora se encuentra en estudio por parte de los técnicos de Urbanismo y del abogado que lleva el caso para ver cómo está redactado».

Prieto recuerda que la orden judicial viene por ese camino y el derribo de la zona ilegal tiene que hacerse «sí o sí». Aunque todavía no aclara qué medidas cautelares puede tomar el Ayuntamiento y se limita a responder que es un asunto que «se está estudiando también».