La caída de una cristalera obliga a reparar el ascensor de Begoña

Eso no quiere decir que el ascensor de Begoña vaya a funcionar de nuevo. El Ejecutivo local limita su actuación al arreglo del acceso que une la cabina con el parque Etxebarria. Aprovechará el pleno de hoy para dar cuenta de la obra, cuyo coste ronda los 300.000 euros. Un gasto que asumirá de forma subsidiaria por razones de «emergencia», pero que luego reclamará a la empresa que gestionaba el elevador.

El ascensor, que conectaba la calle Esperanza del Casco Viejo y el parque, dejó de funcionar en 2014, tras haber estado en servicio durante más de 60 años. El motivo alegado por Ascensores de Begoña S.A. fue la falta de rentabilidad económica. Tras el cierre, el Gobierno vasco ha tratado sin éxito de reabrirlo. Como alternativa, se ofrece el elevador del metro de la estación de Unamuno.

El ascensor de Begoña refleja los problemas que aún sufre Bilbao para conectar El Arenal con la zona alta y capear sus fuertes desniveles. Es obra del arquitecto Rafael Fontán, que apostó en los años cuarenta del siglo pasado por una poderosa estructura de hormigón de estilo maquinista.

Como si fuera un faro, el ascensor se convirtió en un emblema urbano de Bilbao. Desde su cierre, el abandono y algunos actos vandálicos han deteriorado su estado hasta el punto de sufrir desprendimientos en su parte alta. Surbisa, la sociedad de gestión urbanística del Ayuntamiento, colocó una red en la pasarela para evitar la caída de cascotes, denunciada por vecinos y locales de la calle Esperanza.

El último desprendimiento afectó a una cristalera y dio un susto de muerte a una vecina. «Estaba a punto de salir a colgar la ropa. Si me pilla debajo, me mata», advertía la afectada en declaraciones a EL CORREO. Surbisa asumirá también las labores de reparación.

El arreglo constituye una de las iniciativas que presenta el Gobierno PNV-PSE en el pleno de hoy. Los grupos de la oposición darán un toque social a la sesión con sus propuestas. EH Bildu reclama más fondos para las ayudas de emergencia social, mientras que el PP exige mayores controles. UdalBerri pide el empadronamiento para las personas sin hogar y Goazen, que el 0,7% del presupuesto financie proyectos de cooperación al desarrollo.