Bizkaia mantendrá y dará alojamiento a víctimas de explotación sexual y a sus hijos

La Diputación prestará atención integral a víctimas y supervivientes de trata con fines de explotación sexual. Estas personas, que en España se calculan entre 13.879 y 40.000 mujeres y que en Euskadi forman parte de un colectivo que no para de crecer, son las destinatarias de un plan que la responsable foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Teresa Laespada, ha presentado este jueves en las Juntas Generales, y que ha partido de dos seminarios de trabajo que la Administración llevó a cabo en 2017 con el propósito de establecer una estrategia de prevención e intervención social contra el que está considerado el tercer negocio ilícito más lucrativo en el mundo, tras el tráfico de drogas y el de armas.

El trabajo, realizado a lo largo de esta legislatura con aportaciones de responsables del Poder Judicial, la Fiscalía, fuerzas y cuerpos de seguridad, Emakunde y Gobierno vasco, así como del ámbito universitario, personal técnico de la Diputación y de entidades del tercer sector, también tendrá como destinatario a los hijos de estas víctimas. El plan establece actuaciones como la atención integral al colectivo, la formación, la prevención y la sensibilización. Un ámbito, este último, en que se plantean acciones que pondrán el acento en los hombres, como potenciales clientes de estas mujeres.

Según ha explicado Laespada, el proyecto que la institución pondrá en marcha para un horizonte de dos años, tiene como objetivo fundamental «garantizar una atención integral a todas las víctimas o posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual, así como a sus hijas e hijos». De acuerdo con esta meta, los responsables forales plantean medidas para cubrir «todas sus necesidades», como manutención, residencia, prestaciones psicosociales y sociojurídicas, «sin olvidar su integración en el ámbito comunitario, potenciando su autonomía y empoderamiento».

En su comparecencia ante la Cámara vizcaína, la diputada ha destacado «la necesaria coordinación y colaboración» que debe existir entre las diversas instituciones y agentes, «incluidos protocolos de actuación y derivación a los distintos recursos de atención» para que el plan, que el consejo de gobierno foral aprobó el pasado 12 de marzo, llegue a buen puerto.