Bizkaia tiene 69.000 viviendas pendientes de ejecutar, que cubrirían la demanda actual

Andrea Cimadevilla

Domingo, 16 de marzo 2025, 00:58 | Actualizado 07:44h.

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La pasada semana el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, anunció un plan de choque para impulsar la construcción de pisos en Euskadi, donde la demanda roza las 100.000 personas, según los registros de Etxebide. La ley de medidas urgentes que el Gobierno vasco prevé aprobar «este mismo año» contempla reducir la exigencia de VPO, pasando del 75% actual hasta el 60% en suelos urbanizables (que no disponen de infraestructuras o servicios básicos) y agilizar la maquinaria burocrática para que los trámites y permisos urbanísticos no se demoren años. Acciones que, en opinión de los promotores, ayudarán a «movilizar los suelos» que ahora están congelados por «falta de viabilidad económica».

¿De qué suelo, de cuántas viviendas estamos hablando? Bizkaia tiene en la actualidad terrenos, urbanos y urbanizables, para levantar hasta 69.628 domicilios en los próximos años, 44.616 libres y 25.012 de protección oficial, de acuerdo a los planeamientos municipales. Aunque parecen muchos, no todos están situados en suelos de fácil activación. Solo un 15% están planificados en terrenos finalistas, aquellos que ya cuentan con los suministros necesarios para iniciar una construcción. Así lo recoge el inventario de planeamiento municipal que dispone el Gobierno vasco, denominado Udalplan. Una plataforma que actualiza cada año el número de inmuebles existentes por localidad, pero también los que están pendientes de edificar según el PGOU municipal, texto que marca el diseño de una ciudad para las décadas futuras.

Si todos esos suelos se llegaran a movilizar, algo que requeriría una elevadísima inversión y carga administrativa, el territorio tendría pisos suficientes para satisfacer la demanda actual en Bizkaia, que alcanza las 53.647 personas en Etxebide y 59.856 según la encuesta de necesidades de vivienda del Gobierno vasco. La clave está en «dotar de garantías» los proyectos para que los promotores, que atribuyen el «frenazo» de las obras a los altos porcentajes de VPO exigidos, reanuden el trabajo.

Los solares «menos atractivos», económicamente hablando, son los urbanizables por sus elevadas cargas. De ahí que el plan de choque se centre exclusivamente en ellos. Aunque es «urgente modificar los porcentajes», Pablo García Astrain, director de Vivienda en el Ejecutivo vasco, sostiene que «eso no quiere decir que los pisos vayan a estar edificados ya». Admite que el proceso de construcción en un solar urbanizable oscila entre los «seis y ocho años», plazos que buscan acortar. Solo en este tipo de parcelas, que elEjecutivo espera que se activen en los «próximos años», hay planificados 23.401 pisos en Bizkaia –10.041 públicos–, el 33% del total. García Astrain admite que el objetivo es que los terrenos se movilicen «desde el mismo momento en el que se apruebe la norma», que estará en vigor al menos «tres años», hasta que se tramite una nueva Ley del Suelo. «Se trata de generar las condiciones adecuadas para que los terrenos se activen y que las cargas no bloqueen los proyectos. La mayor parte de los suelos son privados, y si no se dan las garantías, no se van a levantar pisos. Es mejor tener un 60% de viviendas protegidas que contar con un 75% de un suelo teórico», subraya.

Así y todo, hay quienes consideran que habrá espacios en los que la edificación siga sin ser rentable para el sector privado, que promueve la mitad de las VPO de Euskadi. Joseba Cedrún, de Construcciones Sukia, explicó a este periódico que el riesgo de inversión en un terreno urbanizable «es mucho más alto» que en uno urbano y que cada sector «es un ente en sí mismo». «Las cargas urbanísticas son costosas, sobre todo en lugares en los que hay que descontaminar o edificar puentes, pasarelas...», confesó.

El Gobierno vasco sostiene que el Bilbao metropolitano, que agrupa 35 municipios, y el Duranguesado son las dos áreas en las que la demanda presiona con más fuerza. La primera cuenta con 46.457 pisos planificados (más de 13.000 en suelos urbanizables) y la segunda 5.557. En cualquier caso, Iraide Fernández, doctora en sociología de la UPV/EHU, apunta que «aunque se llegaran a generar casas para todos los solicitantes, no están entendiendo bien qué tipo de demanda tenemos. Hay un montón de personas que no tienen capacidad económica para pagar una VPO que vale más de 160.000 euros». Si bien el Gobierno vasco está obligado por ley a levantar alquileres públicos, los promotores privados tienen la capacidad de erigir pisos protegidos en venta para garantizar el retorno de la inversión. De hecho, que los constructores privados impulsen el alquiler asequible es todo un reto para el departamento liderado por Itxaso.

A expensas de conocer la letra pequeña del texto, la experta subraya que «la inversión en vivienda es reducida para un derecho que es de primera». Y añade que en caso de que se acometa una producción masiva de vivienda pública «tendría que estar distribuida por las ciudades». «Hay que saber dónde se construirían esos pisos. Es importante repartir la vivienda pública para que no se concentre la pobreza en núcleos o barrios concretos», asegura.

Hasta que el Parlamento vasco dé luz verde a una reforma de la Ley del Suelo, vigente desde 2006, serán los ayuntamientos quienes, en base a sus necesidades, decidirán o no reducir ese porcentaje que los promotores que operan en Euskadi deben reservar a VPO en los proyectos. Una decisión que Pablo Nistal, presidente del colegio de arquitectos vasco-navarro en Bizkaia, considera un «problema» porque «cada partido en función a su ideología lo va a poner en marcha o no». «Los costes de construcción se han encarecido un 30%, mientras el módulo de la VPO sigue muy barato. La situación es sangrante sobre todo por los procesos urbanísticos. Los pequeños promotores desisten y dejan de impulsar proyectos por desesperación», se lamenta Nistal.

Incrementar el parque de vivienda protegida también dependerá de la reserva estratégica de suelo que el Gobierno está negociando con la Asociación de Municipios Vascos. En palabras de García Astrain, un acuerdo que «servirá para que los ayuntamientos cedan de forma sistemática terrenos para que el Ejecutivo levante alquileres protegidos».