Bilbao veta por seis meses a las firmas que renunciaron a construir el canal de Deusto

Todo el jaleo supuso dos años de retrasos en el tajo y un proceso legal que termina ahora. Según informan fuentes municipales, «una vez finalizado el recorrido judicial (sucesivos recursos ante la jurisdicción contencioso-administrativa)» por la «resolución» de aquel contrato, «los tribunales han dado la razón al Ayuntamiento». Eso tiene dos derivadas. Por un lado, las empresas deben indemnizar al Consistorio «por el perjuicio causado», esto es, «2.751.403,74 euros, un 14,74% del total de la obra».

Y por otro lado, y esto es una medida «excepcional», el Gobierno municipal veta a las cuatro firmas que formaban la UTE durante seis meses. Es decir, en ese tiempo no podrán contratar con el Consistorio. «Esta medida, que está prevista en la Ley de contratos del sector público, se adopta en casos en los que la Administración resuelva un contrato por causa imputable al contratista». En este supuesto, continúan fuentes municipales, el Ayuntamiento finalizó el contrato «porque el contratista incumplió su obligaciones».

¿Qué fue lo que ocurrió? La clave estuvo en el plan de excavación que se diseñó tras la adjudicación, la manera de gestionar los 365.000 metros cúbicos de tierra con distintos grados de contaminación que había que retirar para que Zorrozaurre se convirtiese en una isla. Cuando comenzaron las obras estaba previsto sacar la mayor parte de los materiales por carretera, con un tránsito de quince camiones a la hora, pero meses después se alcanzó un acuerdo con el Puerto para llevar el 75% de las tierras en gánguiles por la ría hasta el espigón central entre Santurtzi y Zierbena. A ello se unieron otras mejoras medioambientales que tuvieron el aval del Gobierno vasco y URA, pero que a la empresa le suponían, alegaba la UTE, un sobrecoste. El Ayuntamiento consideraba que debía asumirlo.

Así que se paralizaron los trabajos y, finalmente, la autoridad municipal rescindió el contrato, hubo una nueva licitación, arrancaron las obras, se inauguraron... Mientras todo eso ocurría se desarrollaba un proceso legal que ahora ha llegado a su fin sonriendo a los intereses municipales. No a las empresas que, además, en algún caso, son proveedoras habituales del Ayuntamiento.

La prohibición de concurrir a licitaciones convocadas por la Administración local fue decretada por la junta de gobierno de esta semana. En el plazo de un mes se trasladará al Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y una vez se inscriba, comenzará a contar el plazo de medio año.

Es la segunda vez que en Bilbao se impone este veto a alguna empresa. La anterior fue en 2016, también por un incumplimiento contractual.