![Bilbao rompe el contrato con la gestora de los gastrobares de La Ribera por impagos](https://s1.ppllstatics.com/elcorreo/www/multimedia/202206/09/media/cortadas/gastrobares09-krNE-U170361653229CmE-1248x770@El%20Correo.jpg)
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El Ayuntamiento de Bilbao quería combinar en el mercado de La Ribera la venta de productos frescos con locales gourmet. En 2013 adjudicó la gestión de 800 metros cuadrados a la firma Baika para que desarrollara un proyecto durante 32 años y alquilara puestos temáticos ... a diferentes hosteleros que les sacaran provecho. Los gastrobares abrieron en la Aste Nagusia de 2015, con un año de retraso. Baika alega que llegó a realizar inversiones valoradas en dos millones. Pero la relación contractual siempre estuvo llena de sinsabores.
El Ayuntamiento bilbaíno reclama ahora a la firma 381.672,99 euros por impagos del canon y otros gastos. La sociedad que gestiona mercados y cementerios, Bilbao Zerbitzuak, le abrió en octubre un expediente sancionador y rompió en enero el contrato por el «incumplimiento reiterado y continuado» de sus obligaciones económicas. En marzo, retiró a Baika la concesión de forma definitiva y los tres hosteleros que explotan los gastrobares pasaron a gestionar directamente el espacio, dejando de pagar el alquiler a su «casero» y abonando a la sociedad municipal el canon mensual que le correspondía a Baika. La firma afectada impugnó la decisión y el magistrado del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 ha dictado un auto de medidas cautelares en el que ordena que la gestión regrese a sus manos hasta que haya sentencia firme, aunque la empresa deberá depositar en el juzgado las mensualidades correspondientes hasta entonces.
Bilbao Zerbitzuak, que depende de la edil socialista Yolanda Díez, recibió el auto la pasada semana y lo recurrirá porque entiende que la rescisión del contrato está plenamente justificada por el perjuicio al erario público. Pretende que los hosteleros sigan gestionando directamente los gastrobares hasta que el juez avale la decisión municipal y haya unos nuevos adjudicatarios del espacio, aunque la vista podría demorarse incluso más de un año.
Los desencuentros con Baika empezaron hace años. Ya en 2016 se le abrió expediente y se planteó rescindir el contrato por una deuda de 170.000 euros «como medida de presión» por las deficiencias existentes en el edificio. El 16 de marzo de 2020 solicitó pagar en doce mensualidades el canon anual que tenía que haber pagado en enero alegando tensiones de tesorería por la pandemia. Bilbao Zerbitzuak cedió. Con el primer plan de choque municipal Bilbao Aurrera se le exoneraron cuotas por valor de 36.652 euros, pero en julio de 2020 debía 104.561, según la edil responsable. El segundo plan de rescate del Ayuntamiento otorgó a la firma 23.663 euros y también se le brindó un segundo fraccionamiento «sin éxito» al que seguiría otra oferta de facilidades de pago de la deuda.
Baika alega que la pandemia «constituyó una situación de fuerza mayor y su virulencia provocó que el rendimiento económico de la concesión se viera fuertemente afectado entre 2020 y parte de 2022», y que pese a ello «siempre mantuvimos una actitud flexible y conciliadora». Un portavoz apuntó, además, que Bilbao Zerbitzuak les concedió «iniciar el abono de las cantidades pendientes desde enero de este año», pero que «sin dar traslado de razón alguna puso en marcha el expediente por el que se reclamaban las mismas en octubre».
Para los gestores municipales, la pandemia «no es excusa» porque «los impagos empezaron a generarse mucho antes» de la irrupción del virus y, excepto durante unos meses, los gastrobares «funcionaron a pleno rendimiento». «Los hosteleros cumplían con Baika, pero ésta no abonó ni un solo euro al Consistorio y la deuda seguía creciendo pese a haberse acogido a las ayudas municipales por la pandemia y declinar todos los planes de pago», denunció Díez. La edil añadió que el agujero en las arcas de la sociedad, que cuenta con 26 trabajadores, se acercaría a los 550.000 euros si no hubiesen ejecutado el aval que depositó cuando le adjudicaron la concesión.
«Romper un contrato es una medida drástica, pero es nuestra obligación porque permitir estos impagos supondría un agravio comparativo con el resto de concesionarios del mercado, por ejemplo, los comerciantes, que cumplen religiosamente con sus cuotas aunque lo estén pasando mal», dijo.
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