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Bilbao quiere poner la alfombra roja a todo aquel que esté dispuesto a instalarse en Zorrozaurre, y una buena manera de hacerlo es por la ... vía fiscal. El pleno municipal aprobó ayer, con los votos a favor de los dos grupos que forman el equipo de gobierno (PNV y PSE), las nuevas ordenanzas fiscales que rebajan la presión sobre la isla. En concreto, lo que se ha retocado es el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
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Este tributo tiene un tipo general del 5% -sobre el valor total del tajo de turno-. Ya ahora el Área Mixta de Zorrozaurre tenía un tratamiento específico porque aquí sólo se exigía el 2,5%. Pues bien, a partir de año que viene se reduce aún más, hasta el 2%. La medida es aplicable a «obras de nueva planta destinadas a centros docentes universitarios o actividades de investigación, y para obras, instalaciones y construcciones de nueva planta, rehabilitación integral y derribos de edificios destinados de forma exclusiva a usos terciario, productivo o de equipamientos». La idea es «atraer actividad», explicó la concejala de Hacienda, Marta Ajuria.
¿Qué impacto puede tener esto en las cuentas de las empresas potencialmente interesadas? Desde el Ayuntamiento no se atreven a dar una cifra, y quizás se trate de sumas que por sí mismas no sean determinantes a la hora de que una firma tome la decisión de implantarse en la isla. Pero de lo que se trata es de crear una atmósfera con distintos incentivos que hagan atractivo el entorno y que faciliten que los inversores se sientan queridos.
El debate generado a cuenta de todo esto durante el pleno municipal de ayer, el primero del mandato, también ha servido para que cada uno de los grupos marcase el terreno de juego. Al fin y al cabo, la fiscalidad es una de las maneras más eficientes de hacer política. Así, desde EH Bildu su portavoz, Jone Goirizelaia, lamentó que Zorrozaurre sea «un paraíso fiscal», y pidió que se tengan en cuenta los beneficios de las empresas antes de darles cualquier tipo de bonificación fiscal. También deseó que los tratos impositivamente más beneficiosos se reserven para potenciar la educación pública y no se den «tantas facilidades a la privada». Ajuria le respondió que la finalidad es «buscar la mejor oferta formativa, cuando más diversa y plural, mejor», de cara a convertir Bilbao en una ciudad universitaria.
Desde Elkarrekin Podemos, Xabier Jiménez tildó de «modelo neoliberal» el imperante en Bilbao, criticó las bonificaciones «a un modelo productivo vinculado al ladrillo», y abogó por un sistema más «justo y más progresivo». A su juicio, no es de recibo que «hacer obras en Zorrozaurre sea mucho más barato que hacerlas en otro punto de Bilbao». La concejala jeltzale le replicó que la isla tiene «muchas potencialidades» ya que no sólo se van a integrar ahí centros formativos, actividad productiva y zonas culturales y de ocio, sino también «vivienda asequible». «Es el modelo por el que apostamos», y por eso defendió los gestos -en materia fiscal- hacia los inversores que estén interesados en subirse a ese barco.
Fue el PP el grupo que más valoró, aunque fuese desde la distancia y de un modo crítico, la propuesta de ordenanzas presentada por el equipo de gobierno. Sin embargo, la portavoz popular, Raquel González, defendió otro modelo muy diferente y propuso una bajada impositiva generalizada del 0,5% -frente a la subida del 1,1%, de media, que defendía el tándem PNV-PSE y que finalmente fue aprobada-. También abogó por rebajar el IBI en los barrios altos y reducciones en tasas -por ejemplo, alcantarillado- para «familias con rentas bajas, parados...».
La concejala de Hacienda rechazó de plano el planteamiento por carecer de «rigor» ya que la propuesta del PP supondría dejar de recaudar «más de 4,5 millones de euros» al año, lo que aproximaría a la ciudad a «un peligroso escenario de desequilibrio financiero». En todo caso, el equipo de gobierno aceptó seis enmiendas de la oposición (una de Elkarrekin Podemos, dos de EH Bildu y una del PP), por lo que Ajuria quiso «poner en valor la negociación» y el «trabajo conjunto» con los otros grupos.
1,1% es la subida aprobada para 2020 en los impuestos y tasas municipales, lo que supondrá recaudar en torno a 1,7 millones más.
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