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Los planes del Ayuntamiento para devolver a los peatones parte del espacio público colonizado por las terrazas avanzan, pero lo hacen lentamente. Y mucho más despacio de lo que los vecinos quisieran. Ahora, la culpa la tienen las elecciones. El Gobierno municipal aplaza hasta ... después de los comicios de mayo las reuniones previstas con asociaciones vecinales y hosteleras cuyo objetivo es buscar soluciones para tres calles especialmente conflictivas: Ledesma, Jardines y Pozas. Tres puntos donde el espacio público ha dejado de serlo en favor de la actividad privada.
En todo caso, el concejal de Urbanismo, Asier Abaunza, tiene claro que el final del camino será «la menor ocupación» de la vía pública por parte de las terrazas. Es decir, «hacer compatible la actividad hostelera con la peatonal» en lugares donde, ahora mismo, «hay problemas de convivencia».
Todo esto tiene su origen en el Plan director de terrazas, que fue presentado por Abaunza el pasado mes de noviembre. El documento tenía dos patas. La primera pasaba por intensificar las labores de inspección porque era evidente que había negocios hosteleros incumpliendo de manera reiterada las limitaciones que les imponen sus licencias. Es decir, ocupando más calle de la que tenían adjudicada, o haciéndolo de un modo diferente al que estaban autorizados. Pues bien, desde finales de 2018 hasta la semana pasada los cuatro inspectores del Ayuntamiento habían realizado 626 inspecciones en otros tantos locales, de las que la inmensa mayoría, 583, habían tenido un resultado satisfactorio. En las restantes 43 se habían detectado «deficiencias subsanables», dice el concejal. Se trataba, sobre todo, de «mesas mal distribuidas que ocupaban más huella de la permitida».
En caso de incumplimiento los inspectores instan a los hosteleros a corregir la situación. De no enmendarse, se procede a cerrar la terraza. Esta última medida fue una de las principales novedades en el plan presentado en noviembre porque, comprobado que las sanciones económicas no disuadían a los empresarios, la amenaza pasó a ser la retirada de licencias. Y eso, a juicio de Abaunza, sí ha dado resultado porque «no hemos tenido que cerrar ninguna». Con los apercibimientos los incumplidores «han entrado en razón».
De manera paralela, ya se está aplicando una nueva metodología para determinar qué espacio de calle puede ocupar cada terraza. Ahora se calcula en función de varios parámetros, entre los que se incluye desde la dimensión del local y sus metros de fachada, hasta la anchura de la acera, el volumen de tráfico, el paso de peatones, el mobiliario urbano... Lo que ocurre es que este recién estrenado mecanismo se aplica a las nuevas licencias y a los traspasos, por lo que no dulcifica la situación en los puntos más calientes, los más conflictivos.
¿Cuáles son esos? Los conocidos que, además, explicitaba el plan: la Plaza Nueva y las calles Jardines, Ledesma y Licenciado Poza. En todos ellos no es suficiente la aplicación de la normativa y hace falta tomar medidas para liberar espacio. Como hay muchos intereses en juego, el Ayuntamiento había planteado 'proyectos de calle' en los que se juntaría a comerciantes, hosteleros y vecinos para buscar soluciones equilibradas y periodos de transición. El plan era iniciar el proceso en 2018 y, en un año, llevar a cabo toda la reorganización de las terrazas. Es decir, liberar espacio en la vía pública.
Pues bien, todo este proceso fluye con menos agilidad de la esperada por hosteleros y vecinos, que han mostrado su sorpresa por el hecho de posponer las reuniones hasta pasadas las elecciones. «No queremos que se malinterprete nada», se justifica Asier Abaunza, en relación a que cualquier maniobra en periodo preelectoral es observada con lupa y genera recelos.
Claro, si los encuentros arrancan después de las elecciones (previsiblemente, cuando se constituya el Gobierno local), y con agosto de por medio, se asume que no habrá ajustes, como pronto, hasta después del verano. Además, de este primer 'rondo' queda excluida la Plaza Nueva ya que, según el concejal, aquí ya se han tomado medidas correctoras (como la retirada de kupelas) que han pacificado la zona.
Para el gerente de la asociación de hostelería de Bizkaia, Héctor Sánchez, el balance por el momento es claro. En cuanto a las inspecciones, el escaso volumen sancionador refleja que «los incumplimientos por parte del sector no son tantos como se decía». En relación a las negociaciones sobre las calles más masificadas, muestra su sorpresa porque «estamos en abril y aún no se ha empezado a debatir sobre ninguna de las cuatro zonas» anunciadas y habrá que esperar a después de las elecciones. Y, en cuando al futuro, «si lo que pretenden es reducir espacio de terrazas, nos opondremos».
626 establecimientos hosteleros han visitado los inspectores municipales entre noviembre y la semana pasada para comprobar si sus terrazas cumplían con las limitaciones impuestas en sus respectivas licencias. Es menos de la mitad de las instalaciones de este tipo que hay en Bilbao (suman más de 1.400). Con todo, las saturaciones se concentran en Casco Viejo, Abando e Indautxu.
43 negocios fueron advertidos de que presentaban algún tipo de deficiencia subsanable. Desde noviembre, en caso de incumplimiento ya no sólo hay multa, sino retirada de licencia y cierre temporal de la terraza si tras un apercibimiento no se soluciona. Según el Ayuntamiento, esta amenaza ha surtido efecto. En los 43 casos detectados, las irregularidades fueron corregidas.
Ocupar más espacio La mayoría de las infracciones detectadas por la inspectores municipales se referían a la existencia de mesas mal distribuidas que ocupaban más calle de la permitida.
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