Bilbao prohíbe los regalos a todo el personal y crea un comité antifraude

Por un lado, el Consistorio ha extendido a toda la plantilla la prohibición de recibir regalos, algo a lo que ya se habían comprometido los concejales y altos cargos en 2015, para «evitar cualquier clase de interferencia o influencia de terceros que pueda alterar su imparcialidad, integridad y objetividad», según explicó el director de Presupuestos, Carlos Urgoiti. Tienen prohibido recibir de personas o entidades ningún regalo o servicio que vaya más allá de los «usos habituales sociales y de cortesía». Deberán rechazar entradas, vales, boletos de lotería «o cualquier otro beneficio directo o indirecto» y garantizar que «su círculo familiar inmediato no recibe ningún regalo o beneficio que pueda levantar las más mínimas sospechas de trato favorable». Además, tampoco podrán aceptar retribuciones dinerarias o en especie por dar conferencias o contribuir a publicaciones si están relacionadas con sus funciones.

Por otro lado, Bilbao obligará a apartarse de los procesos a ediles o funcionarios que tengan cualquier tipo de relación con personas que participen en los concursos. Los concejales del área, los redactores de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, miembros de las mesas de contratación, del comité de expertos que elabore informes de valoración de ofertas y los contratistas y subcontratistas de proyectos sufragados con fondos europeos deben firmar una declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI). Es un documento en el que juran que no tienen relación afectiva, familiar, política o económica con los beneficiarios de un contrato o con los responsables del mismo.

Si se apellidasen igual, se haría constar que nada les une con esa persona. La DACI se extenderá también en breve a los que participen en la concesión de subvenciones y el resto de contrataciones y políticas urbanísticas. «Estas exigencias de la Unión Europea deben ser asumidas no sólo en lo que se refiere a la gestión de fondos Next, sino en la de todos sus recursos económicos», dice el plan.

Además, en la página web se ha habilitado un buzón de denuncias. No es anónimo para que tengan más credibilidad, pero los datos del denunciante son confindenciales. Un órgano colegiado formado por los garantes de la legalidad municipal, el interventor, el secretario municipal y el director de la Asesoría Jurídica estudiará todas las denuncias y revisará la política contra la corrupción en el Ayuntamiento.

Se reúne todos los meses y el director de Presupuestos, la directora de Contratación y la subdirectora de Servicios Generales a la Alcaldía también forman parte con voz y sin voto. Las sanciones dependerán del edil de Recursos Humanos y, en su caso, de la Justicia. De momento no se ha recibido ninguna, según Urgoiti. «La política antifraude ha llegado para quedarse y no quedará circunscrita a los fondos de recuperación», aseguró.