Bilbao arranca el proceso para imponer un canon a 2.122 pisos que llevan más de dos años vacíos

Jon Bilbao quiso quitar dramatismo al asunto al asegurar que «buscamos una aplicación amable de la norma», «convenciendo» antes a los propietarios de que pongan en alquiler sus viviendas. Para ello hay «ayudas a la rehabilitación» y mecanismos públicos con los que «garantizarse el pago de la renta». Esencialmente, entrando en el programa Bizigune. Así se esquivará un canon que asciende a diez euros por metro cuadrado al año. De él se librarían, en todo caso, las personas mayores que hayan tenido que ingresar en residencias o quienes se hayan tenido que ir a trabajar fuera.

Fue EH Bildu quien llevó la cuestión al pleno pidiendo al Ayuntamiento que activase los mecanismos para hacer efectiva la regulación contra la vivienda vacía. En el acuerdo pactado con los soberanistas -y al que solo se opuso el PP- se contempla la creación de una estructura municipal para gestionar el asunto. «El Ayuntamiento tiene mucha tarea por delante», dijo Alba Fatuarte, de Bildu.

Elkarrekin Podemos se propuso poner la presión de forma particular sobre los fondos de inversión y los bancos, «los grandes tenedores», dijo Ana Viñals. «Hay que expropiar para proteger a la ciudadanía bilbaína». Sin embargo, desde Bildu le replicaron que en la redacción de la propuesta que habían pactado con el Gobierno PNV-PSE se incluye a todo tipo de propietarios, y el concejal apuntó que en la ciudad estas sociedades apenas acumulan patrimonio inmobiliario residencial.

En el PP Gabriel Rodrigo volvió a mostrar su rechazo a la imposición de un canon que, a su juicio, lo que hace es penalizar el ahorro de muchas familias. Además, apuntó que la vivienda vacía no es un problema en Bilbao. Es más, avanzó que en caso de movilizarla todo el mercado inmobiliario estaría abocado a una burbuja muy peligrosa. En el mismo sentido se pronunció el concejal de Obras y Planificación Urbana, Asier Abaunza. Según aseguró, en los últimos años está bajando la cantidad de inmuebles vacíos, y en caso de que se movilizasen todos, «los precios se dispararían».

Ahora ya hay un mecanismo que penaliza la vivienda vacía, que es el recargo del 25% en el IBI. Jon Bilbao dijo que habrá que «darle una vuelta» porque duda de su eficacia. La cuestión es que aquí se entiende por vacíos a aquellos en los que no hay nadie empadronado. Un criterio que penaliza a oficinas y despachos profesionales, que por mucho que se les cobre no van a terminar movilizándose y convirtiéndose en viviendas.

También se produjo este jueves el debate a cuenta de la 'okupación', que suele salir cuando se habla de necesidades de vivienda. Tanto Podemos como Bildu apuntaron que las cifras demuestran que el fenómeno va a la baja y opusieron esta situación al «miedo» que quieren alimentar los partidos de derechas. Ana Viñals dijo que la 'okupación' es un «mito». Aquí intervino el alcalde Aburto para espetarle que «eso habría que decírselo a quienes sufren esa situación. Hace falta un reforma legislativa que proteja a las personas que tengan una vivienda ocupada» porque eso es «una gran faena».