Bilbao pedirá al Gobierno vasco que declare las zonas de vivienda tensionadas en la ciudad

Además, el activista pidió también que se controlen los alquileres turísticos, así como los inmuebles que se alquilan por habitaciones, y se destinen más fondos a fomentar la vivienda social. También alertó que hay 372 pisos de grandes tenedores en la ciudad. «Las administraciones tienen que actuar ya, movilizando las viviendas vacías y controlando los pisos turísticos». En Bilbao, aseguró, hay más de 2.000 viviendas a las que aún no se ha aplicado el canon por piso vacío.

Desde EH Bildu, mientras, Karlos Renedo criticó que la situación está afectando de manera especial a los jóvenes y a los trabajadores precarios y que «se deje la pelota en manos del Gobierno vasco» cuando a su juicio, el «Ayuntamiento tiene la posibilidad de iniciar los trámites», aunque es «evidente» que el PNV «no tiene ninguna voluntad para controlar el precio del alquiler y su propuesta sólo busca dilatar en el tiempo la aplicación de la ley», mientras que el PSE «actúa de diferente manera según la institución, y por desgracia en este Ayuntamiento ha tomado el papel de mera comparsa de su socio».

Desde Elkarrekin Bilbao, mientras, Ana Viñals recordó que el precio medio del alquiler en la ciudad es de 825 euros, que afrontan con sueldos medios de 1.400 euros. «Se pueden tomar medidas de nuestra competencia municipal y autonómica, pero no se hacen», criticó. Según apuntó, la enmienda del equipo de Gobierno carece de la «determinación necesaria» para afrontar la emergencia habitacional, aunque la consideró un «paso adelante». Aun así, aseguró que para regular los alquileres lo necesario es que el Gobierno vasco adapte con urgencia «la ley vasca de vivienda».

Desde el PP, la portavoz Esther Martínez aseguró que Euskadi cuenta desde hace años con una Ley de Vivienda que llegó con buenas intenciones «pero que todo sigue igual». Abundó que el de la vivienda es un problema arduo, pero aseguró que la nueva Ley de Vivienda «va a poner las cosas todavía más difíciles» y no va a dar solución porque va a conseguir reducir la oferta de vivienda en alquiler. «En cuatro meses se ha creado alarma social y no se ha avanzado nada», apuntó. De hecho, recordó que la ley está recurrida por varias comunidades, por el PNV y por el PP.

Y recordó que algunas medidas, como la imposibilidad de desalojar a personas vulnerables de las que debería hacerse cargo la Administración y no los propietarios y otras medidas «erradas» como la limitación de los alquileres provocaron que los resultados hayan sido «desatrosos» en otros lugares en los que se han implantado. «En Berlín la oferta se redujo en un 25%». Lamentó que muchas familias se están viendo «expulsadas» del mercado de alquiler por la nueva ley y censuró el precio de las viviendas de supuesta protección pública, de más de 200.000 euros. «Ese tampoco es el camino».

Desde el PSE y el equipo de Gobierno, Yolanda Díez puso en valor que Bilbao, que cuenta con un protocolo desde hace 10 años, es una de las ciudades con menor índice de desahucios y que desde el año 2000 se han construido más de 9.000 viviendas con recursos públicos en la ciudad. Aclaró que ella cree en la Ley de Vivienda impulsada por Pedro Sánchez y que hay que darle una oportunidad, aunque la declaración de áreas tensionadas no sea la única solución. Aun así, aseguró que el equipo de Gobierno debe seguir impulsando medidas de acceso a la vivienda, un «reto en Bilbao».

«Hoy comenzamos ese camino y vamos a ver cómo funciona la ley». Desde el PNV, Asier Abaunza explicó que el problema de la vivienda es complejo y que la declaración de zonas tensionadas no es la panacea, «si no que se requieren de otras medidas que llevamos tiempo desarrollando». Ejemplificó, por ejemplo, la promoción de viviendas de VPO. El nuevo Plan General, dijo, reserva un 45,6% de reserva de suelo para vivienda de protección oficial y «estamos en mínimos de vivienda vacía, porque solo hay un 5%. Si no hubiese vivienda vacía los precios se dispararían».