Bilbao obtiene 80.000 euros por los 350 vehículos abandonados cada año en sus calles

La empresa que se va a hacer cargo de todos esos vehículos abandonados volverá a ser Desguaces Vidaurreta, a quien el Consistorio acaba de adjudicarle el contrato. Es una situación curiosa porque, al contrario que en la generalidad de los contratos municipales, el Ayuntamiento no paga por el servicio, sino que cobra por él. Digamos que la Administración vende toda esa chatarra al mejor postor, que se encarga de deshacerse de ella con todas las bendiciones medioambientales.

En los Presupuestos municipales de este año hay una previsión de ingresos de 80.000 euros por la venta de «vehículos abandonados». La cifra parece un poco alta si se tiene en cuenta que en la licitación se partía de un precio mínimo por turismo o furgoneta de 110,27 euros, y de 22,05 para motocicletas o ciclomotores. Así no se llegaría a los 80.000. Lo que ocurre es que estas cantidades, como se ha dicho, son mínimos. Y lo que ha ofrecido la firma finalmente adjudicataria son 271,5 euros por turismos y furgonetas y se queda en 22,05 por motos y ciclomotores. Así, si salen las cuentas municipales en cuanto a previsión de ingresos.

En principio puede parecer llamativo que cada día se abandone en Bilbao un vehículos en la vía pública, pero lo cierto es que la cifra ha estado bajando de manera sostenida en los últimos años. En 2019 y 2020 eran más de 660 cada ejercicio, 500 de ellos, turismos. Pero tras la pandemia ha ido a menos hasta que ahora, según los datos municipales, son los 350 mencionados, 300 de ellos turismos. Este descenso se da en un momento muy particular: cuando el mercado de coches de segunda mano ha experimentado un enorme repunte.

La situación tiene que ver con la incertidumbre que existe en torno a los combustibles y la electrificación, y también con las limitaciones de acceso a ciertas zonas de las ciudades a los vehículos más contaminantes -a punto está de llegar la zona de bajas emisiones a Bilbao-. Mucha gente tiene dudas entre diésel o gasolina, híbrido o eléctrico... Sin un panorama claro, teniendo en cuenta la fugacidad de los dogmas en el mundo moderno, y ante posibles cambios de criterio en relación a la bondad o maldad de ciertas tecnologías, muchas personas optan por esperar para comprarse un coche nuevo y, mientras tanto, mantienen el viejo o adquieren uno barato de segunda o tercera mano con un montón de kilómetros. Quizás ahí esté la clave de que haya menos abandonos.

En el contrato que se acaba de adjudicar se recoge que «las obligaciones del contratista consistirán en el traslado a un centro autorizado de tratamiento de vehículos para su posterior destrucción y descontaminación, a efectos de tratamiento como residuos sólidos, de los vehículos». Hay que demostrar luego que se ha hecho con «el correspondiente certificado de destrucción» y finalmente es la misma firma quien debe darle de baja ante la Dirección General de Tráfico (DGT).

Por último hay que apuntar que la administración sólo puede destruir vehículos que son propiedad privada en ciertos casos. La regulación está en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y prevé que se podrán enviar a achatarrar los vehículos almacenados en el depósito «cuando hayan transcurrido más de dos meses» desde que fueran inmovilizados o retirados de la vía pública «y su titular no hubiera formulado alegaciones». También cuando «permanezcan estacionados por un período superior a un mes en el mismo lugar y presenten desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o les falten las placas de matrícula». Por último, podrá destruirse el vehículo que tras un accidente «en un recinto privado su titular no lo hubiese retirado en el plazo de dos meses». Eso sí, antes de enviarlo al desguace el Ayuntamiento tiene que advertir al dueño de que va a hacerlo.