El Ayuntamiento de Bilbao congela las tasas y mantiene la rebaja de la presión fiscal para Zorrozaurre

El Ayuntamiento de Bilbao ha aprobado en la mañana de este jueves la congelación de tasas e impuestos en 2023, que se convertirá en el tercer año consecutivo sin subidas. La medida pretende «incentivar la actividad económica en la ciudad» y «ayudar a las personas y colectivos más vulnerables» en un contexto «marcado por la inflación y la subida generalizada de precios», ha defendido la concejala de Hacienda, Marta Ajuria, en el Pleno.

El Gobierno municipal, conformado por PNV y PSE, ha aceptado algunas de las enmiendas del centenar presentado por los grupos de la oposición. Y también ha incluido algunas novedades, como la exención en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en trabajos realizados por universidades y centros públicos; un tipo reducido del 2% en edificios de viviendas en los que se mejoren las condiciones de accesibilidad; bonificaciones en obras que persigan una mayor eficiencia energética; y exención del pago de la tasa en eventos que realicen las asociaciones comerciales.

Pero el debate no se ha centrado tanto en lo que se ha aprobado como en lo que no se ha derogado. Elkarrekin Podemos y EH Bildu han coincidido en censurar que se mantengan las bonificaciones en obras terciarias y de equipamientos en Zorrozaurre, en vigor desde 2020 y que, en opinión de Xabier Jiménez, de la marca morada, es un «ejemplo claro de fiscalidad 'low cost' a la carta para grandes empresas».

«Se beneficiarán las empresas que se lucran con la educación superior, las universidades privadas» que se implantarán en la isla, ha asegurado el edil, que ha lamentado que las «obras mayores» tengan un tipo del 2%, frente al 5% del resto de la ciudad. La portavoz de la coalición soberanista, Jone Goirizelaia, ha asegurado, por su parte, que la rebaja de impuestos en edificaciones de tipo terciario en este punto de la ciudad lo convertirá en «paraíso fiscal».

Ajuria ha recordado que Zorrozaurre es «clave» en la generación «de tejido económico, en la consolidación de Bilbao como ciudad universitaria y en la mejora de bienestar social». Y ha rechazado que las «grandes empresas y constructoras» tengan beneficios. En ese sentido, ha detallado que entre 2020 y la actualidad, se han concedido «una licencia para una obra equipamental, una para demolición parcial y otra para un derribo de edificio de viviendas, al que se ha aplicado el tipo máximo del 5%, lo mismo que a dos obras de nuevas viviendas». El resto de licencias corresponden a «tres edificaciones de viviendas protegidas y otra a VPO».

Jiménez ha insistido en que la propuesta de tasas e impuestos del Gobierno municipal, un proyecto «continuista, que no aborda el reto de recaudar de forma más justa y retributiva», mientras que Goirizelaia ha asegurado que «no es sensible a las necesidades de la ciudadanía» y «realmente no ayuda a hacer frente a las consecuencias económicas que ha generado la pandemia en la economía de las familias, del tejido comercial y de los trabajadores» de Bilbao.

El concejal popular Gabriel Rodrigo ha reclamado una bajada de impuestos, ya que los ingresos municipales, ha dicho, «aumentarán con la aportación de Udalkutxa», que «crecerá» al incrementarse los ingresos «por el IVA y el impuesto a los hidrocarburos». La edil de Hacienda, que ha subrayado que aceptar las 70 enmiendas del PP supondría «menos ingresos para este Ayuntamiento», ha explicado que el Ejecutivo local ya tiene en cuenta la situación actual, las «amenazas» como «la guerra en Ucrania, la presión inflacionista, la falta de suministros...». Aunque ha señalado que, igual que se ha podido «avanzar en circunstancias críticas, como fue la pandemia, lo haremos ahora, cuando la ciudad está recuperando el pulso y afrontamos el futuro con fuerza y optimismo».

La portavoz socialista, Yolanda Díez, ha destacado por su parte que estas tasas «cumplen con las necesidades actuales y venideras». «Este Consistorio ha gestionado esta crisis tomando decisiones firmes, seguras y salvaguardando el dinero público», ha concluido.

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