Bilbao asume que no puede acabar con la venta ilegal de comida «con más policía» y pide implicación ciudadana

La situación preocupa en el Ayuntamiento. Durante la Aste Nagusia se sucedieron las declaraciones públicas, rogando a la ciudadanía que no consumiera en estos establecimientos. Pero ni así logró detenerse el consumo en unos puestos que ya forman parte del paisaje festivo bilbaíno. El asunto lo ha llevado el PP este jueves al pleno municipal, con una propuesta que insta a «poner en marcha más mecanismos, la mayoría ya existentes, que solucionen esta situación a la mayor brevedad posible». Ha sido aprobada con los votos favorables del partido proponente y los que forman el Gobierno municipal (PNV y PSE-EE), pero la ambigüedad sobre cuáles deben ser esos «mecanismos» ha dado paso a un debate que ha trascendido de lo referente al control alimentario.

En realidad, de lo que se ha hablado es sobre cuál debe ser el papel de la Policía Municipal en la persecución de este tipo de conductas delictivas. El popular Ángel Rodrigo ha acusado al Gobierno municipal de «dejadez». «Los sindicatos denuncian que no tienen capacidad para poder operar y su trabajo no puede desarrollarse de forma normal», ha asegurado para después añadir que «el problema de que no se intervenga en estos puestos está en quién controla el recinto festivo», en referencia a unas comparsas poco amigas de los uniformados.

Este argumentario ha sido rebatido por la concejala de Seguridad. Amaia Arregi ha asegurado que los agentes no tienen problemas para entrar en el recinto festivo (de ahí, dice, la cantidad de comida decomisada) y ha insistido en que «no podemos acabar con esta práctica desde un punto de vista policial. Necesitamos también la implicación de la ciudadanía». Arregi ha incidido en que el problema es grave, ya que se desconoce «la trazabilidad» de los alimentos que se venden en estos puestos y «las estructuras de cocina tampoco gozan de los controles pertinentes». Ahora bien, ha pedido colaboración a las comparsas, «ya que muchas veces los vendedores entran en sus dependencias».

Garazi Perea, de EH Bildu, se ha mostrado de acuerdo con la queja planteada por los populares, «pero lo que nos preocupa es la solución que se propone. Seguramente lo que se busca es que vaya la Policía a quitar kilos, que es algo que ya se hace». Así, ha planteado la posibilidad de «regular estos puestos, como se hizo con las churrerías en su momento». Xabier Jiménez, de Elkarrekin Bilbao, también ha cargado contra el ánimo popular «de convertir esto en un debate sobre el modelo policial». Así, considera más eficaz «informar a los vecinos de que son las txosnas, la hostería y los comercios» los espacios donde es seguro consumir.