Bilbao asume que los pisos turísticos ya son un problema y prepara más restricciones

El tema llegó al pleno municipal de la mano de la asociación vecinal Bihotzean, del Casco Viejo, muy preocupada por el impacto que está teniendo el turismo en el barrio. El gobierno municipal no atendió todas sus demandas (pedía una moratoria para los pisos turísticos) pero sí impulsó una enmienda en la que apunta actuaciones en las tres direcciones antes avanzadas. De un lado, habla de «realizar la modificación necesaria del PGOU a fin de limitar más la concentración de alojamientos turísticos en los barrios de Bilbao, teniendo en consideración los datos del sector por barrios y distritos». Hay que tener en cuenta que ahora mismo sólo se pueden tener viviendas de alquiler turístico en primeros pisos; en el Casco Viejo la limitación es aún mayor y únicamente se permite uno por edificio.

Por otra parte, el Ayuntamiento va a «trabajar con el resto de las administraciones competentes en el desarrollo e implementación del nuevo Reglamento Europeo de Alquileres de Corta Duración». El objetivo sería «aprovechar las nuevas herramientas que ofrece para mejorar y regular el intercambio de datos y la capacidad sancionadora, y poder así realizar un control más exhaustivo de la actividad». Desde hace tiempo las administraciones vienen pidiendo que la normativa europea obligue a los grandes portales de internet donde se comercializan estos inmuebles a dar ciertos datos; por ejemplo, en qué piso están, es decir, a qué altura. De ese modo, sería fácil localizar a quienes alquilan pese a estar en plantas altas, e incluso en áticos.

En tercer lugar, lo que quiere Bilbao es «impulsar con el resto de las administraciones competentes y con el sector la creación del instrumento fiscal oportuno a las estancias turísticas para el desarrollo sostenible del sector». Lo que viene a ser la tasa turística. Según estimaciones municipales, supondría el ingreso de hasta once millones de euros para las arcas municipales, si se considera que el pago sería de entre tres y cinco euros por noche. Aquí hay un poco de debate porque el Gobierno vasco querría ser él mismo quien la cobrase, mientras que los ayuntamientos también desean ser quienes ingresen ese dinero.

Planteó el asunto Eritz Mendizabal, de Bihotzean, en términos muy alarmantes. Dijo que el turismo ya es «un problema» que «destruye la vida comunitaria del barrio», y lo hace «bajo el amparo del modelo económico neoliberal». En su opinión, «las políticas públicas se diseñan para los grandes capitales». Al final, de lo que se trata es de que el auge de los pisos turísticos quita inmuebles del mercado residencial y eso pone por las nubes el precio de la vivienda, que es inaccesible para buena parte de la ciudadanía.

Desde toda la oposición se mostraron preocupados. Xabier Jiménez, de Elkarrekin, denunció el «crecimiento descontrolado» de la oferta de pisos turísticos, que oficialmente casi llega al millar en Bilbao (la cuarta parte está en el Casco Viejo) pero que según sus cálculos «hay un 43% más que son irregulares». Esther Martínez, del PP, puso el foco en «la desidia y negligencia de las administraciones públicas» a la hora de controlar esa oferta ilegal, y apostó por abrir un «periodo de reflexión» y una moratoria como la que pedían los vecinos. Y en EH Bildu, Garazi Perea puso de relieve que el turismo «se está convirtiendo en una carga para los vecinos». Había, pues, unanimidad al considerar que hay que tomar medidas y controlar, como están haciendo otras ciudades españolas, el boom prolongado y constante de los pisos turísticos que dificulta el derecho a la vivienda para muchos vecinos.

Xabier Ochandiano, concejal de Desarrollo Económico y vecino del Casco Viejo, aseguró estar «sinceramente disgustado» por el panorama que se presenta, que vio grandes dosis de «demagogia» en los planteamientos y aseguró no reconocer el sitio donde vive en la imagen que ofrecieron tanto la asociación vecinal como el resto de partidos. En todo caso, apostó por la tasa turística de gestión local para luego reinvertir lo percibido en las zonas donde el turismo impacta más, y por que la normativa europea facilite la persecución del fraude y mejore el control del sector. Eso sí, negó que las administraciones estén de brazos cruzados y aseguró que la inspección del Gobierno vasco ha realizado 1.117 controles, tras los que ha abierto 376 expedientes sancionadores. Pero asumió que no es posible saber realmente a cuánto asciende el mercado ilegal de pisos vacacionales.

Asier Abaunza, concejal de Planificación Urbana, recordó que Bilbao ni mucho menos está entre los municipios con más viviendas turísticas por cada mil habitantes. Pero también apuntó que está en marcha una modificación del PGOU para adoptar «nuevas medidas de restricción y ajuste de los pisos turísticos». Ni avanzó en qué sentido irán durante el pleno, ni lo hizo luego. En cuando a la posibilidad de una moratoria, la descartó de plano porque «el Ayuntamiento no da la licencia», de modo que no hay posibilidad de paralizar nada.