Bilbao arrastra 1,4 millones de euros de alquileres sin cobrar de sus pisos públicos

En este escenario, casi 350 inquilinos de esas casas públicas mantienen deudas con el Ayuntamiento por no pagar los alquileres. Así lo refleja la liquidación del presupuesto de esta entidad a fecha 31 de diciembre de 2024. En concreto, la documentación detalla que un total de 343 bilbaínos forman parte del listado de 'Saldos de dudoso cobro' que se corresponden a «contratos de arrendamiento activos con recibos pendientes de pago» y «contratos de arrendamiento cancelados con deuda». En total, la cantidad pendiente de cobrar asciende a 1.470.804,04 euros.

En esta relación van desde un inquilino que debe a las arcas de Viviendas Municipales 3,17 euros a otro que arrastra una deuda global de 24.486,85 euros, correspondientes a 71 recibos pendientes de abonar. Es decir, casi 6 años completos sin haber pagado el alquiler. En ese sentido, la mayor parte de los morosos deben entre 4 y 9 recibos, aunque un total de 87 arrastran dos o más años de cuotas impagadas. La 'palma' se la lleva un inquilino que, según el registro oficial, debe un total de 20.693,37 euros correspondientes a 96 recibos. Es decir, 8 años completos de impagos.

La normativa establece que las mensualidades a abonar dependen de los ingresos del inquilino. A más ingresos, más cuota, pero ésta nunca puede superar el 30% de la renta familiar. El precio mensual oscila normalmente entre los 250 y 300 euros. Para poder acceder a un domicilio municipal, los solicitantes deben estar inscritos en Etxebide, contar con al menos dos años de antigüedad en el padrón municipal de Bilbao y disponer de unos ingresos anuales menores a 43.755 euros.

Según los datos oficiales facilitados por la propia concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Bilbao, el 45,89% de los solicitantes tienen unos ingresos de entre 9.000 y 15.000 euros anuales y otro 23,46% menos de 21.000. Los contratos que plantea Viviendas Municipales tienen una vigencia máxima de 7 años. A partir de esa fecha, los inquilinos deben dejar el piso municipal y salir al mercado a buscar una nueva casa.

El grupo municipal del PP tiene previsto pedir explicaciones por esta «gestión negligente» del equipo de gobierno, que ha generado que «se acumulen impagos». «Es un agravio comparativo que los inquilinos del servicio municipal que sí pagan los recibos y con todos aquellos que buscan piso y no lo encuentran porque algunos están ocupados por estos morosos», valoró la portavoz popular, Esther Martínez.

«Aunque algunos datos pueden llamar la atención, el índice de morosidad de Viviendas Municipales es extraordinariamente bajo en comparación con otros servicios similares del resto del país», se defiende la concejala de Vivienda, Yolanda Díez. La responsable municipal admite que una parte de esos 1,4 millones nunca se recuperará. «Manejamos una gran casuística. Cada inquilino tiene sus propias circunstancias que hay que gestionar», apunta. En ese sentido, asegura que si uno de los arrendatarios «atraviesa un mal momento económico» se analiza su situación y se puede llegar a plantear un pago reducido o dilatarlo en el tiempo. «Adaptamos planes de pagos constantemente», expone.

Otra cuestión es que el moroso «no quiera buscar una solución ni cooperar con los trabajadores sociales» y no atienda a los requerimientos. En los casos más graves, se puede llegar a plantear el desahucio. «Muy pocos casos llegan al alzamiento. Hay personas con una economía muy precaria a las que no podemos echar a la calle», afirma.