Bilbao aprueba medidas por 885.000 euros para paliar los efectos de la crisis en familias

Durante la jornada de este jueves también ha salido adelante la realización de un estudio para analizar las distintas realidades de la población LGTBI en la ciudad. La propuesta inicial de EH Bildu, presentada por el concejal Bruno Zubizarreta, se refería a un diagnóstico a llevar a cabo desde el ámbito municipal, un análisis detallado sobre un colectivo que para nada es homogéneo: «No es lo mismo un hombre homosexual blanco de clase media, que una transexual inmigrante de 65 años», ejemplificó. El equipo de gobierno propuso un acuerdo en el que este análisis se impulsará en el seno del Foro LGTBI de la ciudad, un ámbito en el que se toman «decisiones compartidas», dijo la concejala de Igualdad, la jeltzale Nekane Alonso, algo que asumió Bildu.

Desde el PP, Carlos García puso el foco en que «Bilbao no es una isla» y recordó que en el mundo hay «siete países que castigan con pena de muerte la homosexualidad», y en «72 es delito». Desde el PSE, Yolanda Díez señaló que hay que contemplar «el derecho a la diferencia sin diferencia de derechos». Carmen Muñoz, de Elkarrekin Podemos, mantuvo la misma posición que su grupo viene defendiendo desde hace años y calificó de «imprescindible» ese «diagnóstico». Y más a tres días del 28-J, Día del Orgullo. Sin embargo, su formación se abstuvo en la votación de la iniciativa apoyada por el equipo de Gobierno y EH Bildu al considerarla tibia por no contemplar el término diagnóstico y dejar su realización únicamente en manos del Foro sin matizar que es el Ayuntamiento quien lo considera fundamental. El alcalde, Juan Mari Aburto, no apreció grandes diferencias entre lo que todo el mundo estaba diciendo, pero fracasó su llamada a conseguir la unanimidad en esta votación. Con todo, salió adelante con los votos de PNV, PSE y EH Bildu, y la abstención de PP y Podemos.

La cuestión medioambiental también ha tenido su lugar esta mañana en el pleno municipal. La formación morada liderada por Ana Viñals pidió que la empresa Sader S.A. salga de Zorroza (tal y como piden muchos vecinos) y, en todo caso, que se le obligue a tener un plan de emergencia exterior. Todo para evitar desastres como el de Zaldibar, ejemplificó Viñals. Sin embargo, la iniciativa no salió adelante. La concejala de Seguridad, Amaia Arregi, recordó que el funcionamiento de Sader cumple con la normativa actual, y recordó que se trata de una regulación estatal, donde Podemos comparte Gobierno. Así que invitó a los de Viñals a afrontar reformas legales en Madrid.

Luego, en concejal adjunto de Movilidad y Sostenibilidad, Álvaro Pérez, avanzó que Sader abandonará Zorroza, aunque no fijó fecha. En principio, el compromiso es que lo haga dos años después de que se apruebe el Plan Especial para Punta Zorroza, que aún está por desarrollar. Sin embargo, Pérez aseguró que le consta que la empresa no prevé agotar este plazo. Lo que sí explicó el concejal socialista es que en este mandato se redactará el mencionado plan.