Bilbao aprieta a los morosos y recupera casi doce millones de euros de recibos impagados

Bueno, pues este tipo de maniobras, este apretar al moroso, es necesario para que el Ayuntamiento de Bilbao ingrese alrededor del 7% de los recibos que emite. Del restante 93% la inmensa mayoría se cobra en periodo voluntario. Y hay una mínima parte, poco más del 1%, que se queda en papel mojado porque no hay manera de que el deudor le haga frente, a menudo porque es insolvente.

Es muy importante todo esto porque la cuarta parte del Presupuesto del Ayuntamiento se nutre de ingresos por tasas, impuestos y multas de gestión municipal. En concreto, durante el año pasado el Consistorio giró recibos por casi 160 millones de euros, vitales para nutrir unas Cuentas que entonces sumaron un total de 633 millones y de las que dependen los servicios públicos, que van desde la protección social de los más vulnerables hasta la limpieza de calles, los suministros o los polideportivos.

Según datos facilitados por el área de Hacienda, la gran mayoría de los pagos, 146,5 millones correspondientes a 870.163 recibos, se realizaron en el periodo voluntario y sin mayores problemas. Y en el otro extremo están los fallidos, aquellos que no se han podido cobrar por ningún medio, que suman 1,7 millones en 9.613 recibos. No es que se queden olvidados: la deuda se mantiene en situación de «baja provisional» durante cuatro años, explican desde Hacienda. Si en ese tiempo el moroso insolvente mejora en ingresos deberá hacer frente al pago.

En el término medio entre los abonos voluntarios y los que se quedan impagados están aquellos que sólo llegan a las arcas municipales tras lo que se llama el periodo ejecutivo. Traducido: cuando se aprieta a los morosos. Mediante estos procedimientos el Ayuntamiento ha logrado ingresar el año pasado 11,8 millones de euros correspondientes a 55.019 recibos. ¿Con qué tipos de pagos se corresponden? Según la concejala de Hacienda, Marta Ajuria, se trata, sobre todo, de «multas de OTA y de circulación», además de deudas referidas al «impuesto sobre vehículos de tracción mecánica». Pero hay de todo, porque la administración local gira un buen elenco de recibos, entre los que están «el IBI, el IAE, la tasa de alcantarillado...».

El proceso es el siguiente: cuando finaliza el periodo de pago voluntario de una multa o tributo se inicia el periodo ejecutivo. A partir de este momento «se puede liquidar la deuda mediante la compensación con otros créditos que tuviera el deudor a su favor, o bien mediante la ejecución de aval o garantía si estuviera depositada», informan fuentes del área municipal de Hacienda.

A menudo esto no ocurre y hay que buscar otras vías de cobro. Así que «se dicta providencia de apremio», mediante la cual se indica al moroso que tiene esa deuda, que ya cuenta con un recargo del 5% y que si no satisface la cantidad «se iniciarán actuaciones contra su patrimonio». El plazo para pagar en esta fase del proceso está en función del momento en el que se realice la notificación. Para las emitidas entre los días 1 y 15 de mes hay que hacerlo antes del 10 del siguiente o «el inmediato hábil posterior». Para las enviadas entre el 16 y el último día de mes, la fecha tope es el 25 del posterior.

Si la situación no se regulariza pasado ese tiempo hay que dar el siguiente paso, que es cuando la Administración saca la artillería. El recargo pasa a ser del 20% de la deuda y también se endosan al moroso «las costas del procedimiento». Lo que ocurre en este momento es que «se inician las actuaciones contra el patrimonio del deudor», comenzando por aquellos bienes o derechos «que sean más fácilmente ejecutables». De esto se encarga una empresa auxiliar: lo que hace es «notificaciones, anotaciones en el registro o búsqueda de segundos domicilios, entre otras cosas», explica la concejala. Esta firma cobra en función de lo que recupera para las arcas municipales. En concreto, según explica Ajuria, se embolsa el recargo.

En un principio se había presupuestado que este contrato tendría un valor de 1,6 millones de euros para 2022, precio calculado en función de lo ocurrido en años anteriores. Pero en esta ocasión se dio la circunstancia de que se logró ingresar por la vía ejecutiva bastante más de lo previsto, y casi 1,1 millones más que en 2021, cuando fueron 10,7 millones (frente a los 11,8 ya mencionados del pasado ejercicio). Así que hubo que pagar a la empresa unos 600.000 euros más de los presupuestados.

En cualquier caso, lo relevante es el origen de esta situación. ¿Por qué ha aumentado la cantidad ingresada de forma 'forzosa' durante el pasado año? Olga Barrio, directora de Hacienda, aporta dos claves. La primera es que ha habido algunas «liquidaciones importantes, de varios miles de euros», que no se han ingresado en el periodo voluntario y sí en ejecutivo, lo que altera la estadística comparada con la del ejercicio anterior.

La segunda clave es un efecto de la pandemia bastante curioso: ya era conocido que durante estos años, sin apenas vacaciones, «la gente ha ahorrado más», de manera que hay más liquidez en el banco, y eso hace funcionar mejor «la diligencia de embargo de cuentas corrientes, que ha tenido mucho éxito en la vía ejecutiva» durante 2022.