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Los padres de los alumnos del colegio Cervantes han seguido el pleno municipal con preocupación. Su presidente, Pablo Rey, ha tomado el turno vecinal para pedir que se posponga la concesión de la licencia de derribo del edificio de la Escuela Universitaria de Magisterio Begoñako Andra Mari/BAM, a la que sustituirá un nuevo edificio que será la sede del Obispado, atendiendo a la situación de emergencia sanitaria, y que se posponga la autorización del inicio de las obras de demolición a fin de que ésta no coincida con el curso escolar o en todo caso, ha pedido imponer las medidas que sean necesarias a fin de garantizar la correcta ventilación de las aulas del centro.
Los padres siempre se han posicionado en contra del proyecto y de las molestias que causarán las obras, a solo 20 metros del colegio, pero creen que la situación ahora ha emperado porque van a impedir la ventilación de las aulas y han apuntado que el desarrollo de estas podría suponer un delito contra la salud pública, que a su juicio, debe prevalecer ante cualquier normativa urbanística. «Queremos trasladar nuestra indignación, desamparo e indefensión», ha expuesto Pablo Rey. A su juicio, «no valen medias tintas. Nos han llegado que vamos a minimizar loas repercusiones de las obras previstas y hay que llegar mucho más lejos. El virus se transmite por aerosoles y la ventilación es clave. Hay que actuar para evitar un desastre epidemiológico». Ha recordado cómo una obra similar, la de la sede de la Fiscalía, tiene a los vecinos en pie de guerra por el polvo y el ruido que levanta, hasta el punto que quieren tomar medidas judiciales.
El Ayuntamiento de Bilbao ha pedido a la constructora Murias un informe sobre el impacto acústico de las obras de cara a que se pueda garantizar la ventilación, que la constructora deberá presentar en un mes y después, diferentes áreas municipales valorarán si sus propuestas son adecuadas. «Si cumple con todas las exigencias, el ayuntamientio esta obligdo a dar la licencia», ha expuesto el concejal Asier Abaunza , que ha defendido que «claro que vamos a ser exigentes, pero lo que no podemos es poner tales exigencias que hagan inviable la consecución de la licencia, porque eso sería un fraude de ley».
La concejala de EH Bildu Alba Fatuarte ha apuntado que «esta operación especulativa ha derivado en un pelotazo de libro» y asegurado que «por puro sentido común hay que apoyar la petición vecinal. Estamos en medio de una pandemia, hay que tomar medidas excepecionales como ya se ha hecho con otras cuestiones. El derribo de la BAM ha pasado de ser un asunto urbanístico a uno de salud pública, porque lo que se plantea es derribar un edificio y excavar 15 metros en plena pandemia, junto a una haurreskola con 38 críos en la que la única medida de prevención es la ventilación», ha defendido, tras recordar que hay que ventilar al menos 10 minutos antes de cada clase.
Por eso, Fatuarte ha insistido en que el Ayuntamiento eche mano de su capacidad negociadora o que sea exigente en sus criterios para conceder la licencia. Desde el PP, el edil Gabriel Rodrigo ha apuntado que «vivimos una situacion lamentablemente extraordinaria, y aunque las licencias sean actos reglados, el Ayuntamiento debería hacer todo lo posible para que las obras fueran lo menos gravosas posible, ofreciendo información continua o buscando los momentos idóneos para su desarrollo».
Desde Elkarrekin Podemos, Ana Viñals ha manifestado que «lo que legalmente debe prevalecer no son los intereses de una contructora, es la salud de los niños, estamos pasando una pandemia», algo que ha enfadado a Abaunza, que ha asegurado que «aunque la salud es la prioridad, lo que prevalece es la ley» y ha asegurado que el Ayuntamiento siempre se guía por el interés y bienestar general atendiendo lo que la ley y las normas dictan». Abaunza ha prometido que mantendrá informados a los vecinos y padres del transcurso del expediente.
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