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Además de cuestionar las mediciones de ruidos realizadas por los técnicos del Ayuntamiento e interpretar que las supuestas infracciones medioambientales cometidas por la discoteca Moma no afectarían a la «generalidad» sino a una habitación del Hotel Ilunion, el juez que suspendió cautelarmente el cierre ... de la sala fundamentó su decisión en los daños económicos de «imposible o difícil reparación» que se podrían infringir a los dos propietarios de la sala de fiestas. El magistrado Emilio Lamo de Espinosa sugirió que el cese de la actividad durante un año podría conducirles incluso «a la ruina».
En las alegaciones presentadas el pasado jueves, el letrado del Consistorio, Gonzalo Ruiz Aizpuru, desmonta, sin embargo, esta tesis. Sostiene que las razones esgrimidas por los propietarios de la discoteca de Rodríguez Arias «carecen de plena evidencia» para justificar una medida «cautelarísima». El abogado municipal alega la excelente marcha del negocio, subraya la importante provisión de fondos de que disponen los empresarios y recuerda la actuación del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en un caso similar con la discoteca Mao Mao Beach de Zorrozaurre, cuando negó que un cierre de 6 meses pudiera provocar perjuicios «irreparables» al local propiedad de un exconcursante de Gran Hermano.
A Ruiz Aizpuru le «ha llamado la atención», que, a pesar de las dificultades económicas invocadas por ambos empresarios, estos «pudieron adquirir en propiedad» un local de casi 700 metros cuadrados, «en pleno centro de Bilbao» y con la correspondiente licencia en vigor, «por un importe de 1,5 millones de euros. Y si bien es cierto que una parte -1,15 millones- quedó aplazada a 12 años, el resto se abonó al inicio, lo que supone, destaca el informe, «una importante manifestación de capacidad económica por parte de la sociedad mercantil y de aquellos que la integran».
De hecho, la compañía ya habría amortizado 359.993 euros, que unidos a los 350.000 iniciales, suman 709.993 y representan «casi» el 50% de la inversión. «No está nada mal», remarca, para una firma que inició su andadura «hace solo dos años». Las cuentas que acompañan el recurso municipal detallan también que la polémica sala saldó el primer semestre del pasado año, periodo en que facturó 596.488 euros, con unos beneficios, antes de impuestos, de 139.612 euros. La tesorería de Sala Bilbao S. L ha permanecido «constante» durante los dos años que Moma lleva funcionando con un valor nunca «inferior a los 100.000 euros». El éxito de la discoteca se explica, en gran medida, según Ruiz Aizpuru, por los 32.782 euros que factura de media cada semana. «Multiplicando esta cantidad por las 52 semanas que tiene un año se obtiene la nada despreciable cantidad de 1,7 millones de euros, lo que da un colchón económico más que suficiente para afrontar eventualidades como la que nos ocupa».
El Ayuntamiento entiende, además, que ambos socios han acreditado capacidad financiera para hacer frente a «eventuales» aportaciones a su empresa, «como ponen de manifiesto sendos préstamos suscritos en 2016 por cada uno de ellos por importe de 109.845 euros cada uno. Obviamente esta cifra no está al alcance de cualquiera y hablamos de perjuicios económicos perfectamente evaluables en dinero y, por tanto, indemnizables».
Además de radiografiar la situación económica de la empresa que explota la discoteca de moda de Bilbao, el Consistorio recuerda que Moma acumula 14 expedientes sancionadores por sobrepasar los niveles máximos sonoros permitidos. «No estamos ante un incumplimiento puntual, sino sistemático», argumenta el abogado, que reconoce que la normativa sancionadora «no está cumpliendo su función disuasoria».
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