El Ayuntamiento de Bilbao revisará sus programas de atención a la infancia y adolescencia

El portavoz de Goazen Bilbao, Samir Ladhou, también pidió al Ayuntamiento que mejorase sus propios programas. El concejal expuso que «algo se ha hecho muy mal. Algo falla cuando los menores no van durante semanas a clase. Pedimos autocrítica a la Diputación, más allá de que de que se diga que todo es mejorable. Es mejorable y mucho», argumentó.

Además, Ladhou expuso que, una vez que estos jóvenes alcanzan la mayoría de edad, «no se les tutela. Sin formación ni futuro, acaban en la calle, delinquiendo para subsistir y terminan en la cárcel. Hay que cambiar, hay que mejorar. En el Ayuntamiento vamos a hacer revisión para que ellos tengan un futuro, pero ellos deberían hacerlo también. Que no abandonen a los jóvenes a los 18 años», pidió.

La edil de UdalBerri, Amaia Arenal, exigió que se creara una mesa de trabajo interinstitucional en un plazo no superior a tres meses en la que participaran los agentes sociales. La concejal argumentó que «hay que asegurar y proteger los derechos humanos de la juventud. Eso asegurará o no el éxito de nuestra ciudad. Garantizar o no los derechos de nuestras ciudades». A su juicio, «hay que poner sobre la mesa todos los recursos necesarios para atender a todas las personas jóvenes en riesgo de exclusión social. Es evidente que no todos están siendo atendidos».

El PP, por su parte, negó que haga falta incrementar los recursos económicos que se destinan a este colectivo. «La Diputación ya destina 60 millones de euros al año a la tutela de menores. Cuando salen de su tutela, reciben 640 euros de renta mensual y 240 euros por el complemento de vivienda, sin perjuicio de los millones que se invierten en inserción social», expuso el edil Óscar Fernández Monroy.

A juicio del concejal popular, lo que se requiere es poner coto a los «problemas en las calles, peleas, ruidos, agresiones sexuales y descontrol. Quiero poner en evidencia que otros muchos jóvenes se esfuerzan estudian por un futuro, sin que la sociedad les de ningun tipo de contraprestación y son paganos de un escenario incierto, mientras son víctimas de delitos causados por otros jóvenes». A su juicio, los problemas que se generan con algunos menores no tutelados son «la no exigencia de que cumplan sus obligaciones, muchas veces desidia, falta de coordinación y dejadez».

Alba Fatuarte, de EH Bildu, apostó por reforzar la comisión en la que el Ayuntamiento, la Diputación y el Gobierno vasco ya forman parte y en mejorar la coordinación entre todas las administraciones con competencias en el área. «El espacio ya existe, vamos a exigirle rendimiento», expuso.

«Usted sabe que es necesario ampliar los recursos, pero la realidad es que los jovenes siguen en la calle sin futuro», instó Ladhou, que apuntó que un menor extranjero cuesta 1.000 euros al mes a la Diputación y uno nacional 3.000. «Esta última cantidad es lo que vale una plaza en un centro de acogida. Y los vecinos lo que piden es que limpien y dignifiquen sus calles. Les instan a poner medidas encima de la mesa. Las medidas del resto de partidos son aumentar las partidas para los jovenes. Pero estos también tienen obligaciones. Cuando lo que se devuelve es ingratitud y actos incívicos hay que mandar un mensaje claro», dijo Fernández Monroy.

«Me da igual lo que se invierta. Más se tendría que invertir. Pero usted piensa que, encima de que vienen aquí, chupan del bote», criticó Fatuarte. El edil de Acción Social, Iñigo Pombo, explicó que «no tenemos miedo a pedir a la Diputación que revise sus protocolos. Pero dejad que trabajen ellos, ya se está intentando cambiar cosas desde las propias Juntas Generales. Nosotros estamos obligados a revisarlos porque en 2019 vencen los contratos. Y la palabra revisión no es correcta, se llama actualización permanente. Creo que hay que modificar las cosas para que se hagan como Dios manda», apuntó.

Fernández Monroy expuso que «si no les apretara el zapato, no hubieran revisado los protocolos municipales. El fracaso de sus políticas sociales pasa factura a los vecinos, genera efecto llamada y lo pagan los vecinos de Bilbao. El problema va a seguir creciendo. La bola se está extendiendo. Sus políticas son fracasadas», criticó.

«Vale ya. Los protocolos no son la varita mágica para solucionarlo todo. La receta es mayor integración, más implicación de otros sistemas, subir los recursos, el seguimiento, mejorar la evaluación... La enmienda del gobierno se queda corta. No tiene un paso», dijo Fatuarte. «No atribuya a las políticas sociales la capacidad de salvar el mundo.No hay que cambiar todo absolutamente, hay que mejorar. Solo me cabe tender la mano a quien quiera cogerla. Vamos a mejorar el programa de atención Paso a Paso y si el preciso ampliarlo lo haremos», cerró Pombo.