El Ayuntamiento asume que no puede cerrar el Moma pese a superar el ruido permitido

La responsable de Seguridad Ciudadana, Amaia Arregi, mostró su rechazo a la petición del PP, que exigió «el cierre de una vez por todas» del local, al recordar que cuenta con licencia de actividad. La jeltzale defendió las medidas aplicadas por el Ayuntamiento a fin de hacer «compatible» el derecho al ocio con el «descanso vecinal» y remarcó el «respeto» a los recursos judiciales. «Vivimos en un estado de derecho garantista y hay unos procedimientos que seguir», recalcó.

Moma, que abrió sus puertas en enero de 2017, lleva contabilizadas en estos tres años 190 quejas ciudadanas. Razones que llevaron ayer a Carlos García a reclamar, por primera vez, la clausura «inmediata» de una sala «causante de reyertas, peleas y botellones, crear graves problemas de salud pública a los vecinos y comprometer la viabilidad económica del hotel Ilunion». El edil del PP censuró también la «ineficacia» de la política municipal en una comparecencia en la que la oposición en bloque se mostró partidaria de la revisión de las normativas municipales, ya que los expedientes sancionadores «no se traducen en soluciones y el conflicto tampoco puede judicializarse eternamente», aseveró la portavoz de EH Bildu, Jone Goirizelaia.

El PP fue más lejos y tachó de «piratas» a los dueños del Moma «por incumplir todas las medidas de sonido, aforo y seguridad» y se preguntó si el Ayuntamiento está esperando a que ocurra «una tragedia para tomar medidas tajantes». Recordó las clausuras del Privèe, de San Ignacio, en 2005, tras la muerte de un joven de 20 años, y de otro club de Deusto donde, en 2007, fue degollada una muchacha colombiana. «Que no nos vuelva a pasar», advirtió. Carmen Muñoz, de Elkarrekin Podemos, insistió en que los vecinos se merecen «descansar» y acusó a los responsables de la sala de «hacer lo que les da la gana. No podemos permitir que incumplan muchas veces las normativas», subrayó.