La Audiencia ordena procesar por corrupción a un exalcalde de Alonsotegi y cuatro constructores

Josu García

Viernes, 26 de mayo 2023, 11:37 | Actualizado 19:18h.

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La Audiencia de Bizkaia ha desestimado el recurso de apelación presentado por cuatro constructores y un arquitecto para evitar su procesamiento por varios delitos relacionados con la corrupción, entre ellos prevaricación, fraude en las subvenciones, malversación y falsedad documental, en el marco de un caso relacionado con posibles certificaciones falsas de obras públicas en Alonsotegi. Una trama que habría generado un agujero a las arcas públicas cercano a 1,7 millones de euros, entre 2008 y 2009.

El que fuera alcalde de esta localidad entre 2007 y 2011, Aitor Santisteban (PNV), que también está investigado en este proceso en marcha, no recurrió la decisión del juez de instrucción que ordenaba la apertura de juicio oral y tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados juntos a los otros cinco afectados, tal y como establece el auto de la Audiencia fechado el pasado día 17 y que ha sido notificado esta semana a las partes.

Las acusaciones contra estas personas corren a cargo de la Fiscalía, el propio Ayuntamiento, la Diputación (que entregó importantes cantidades de dinero público que presuntamente acabó siendo desviado), la Abogacía del Estado (también se habrían desfalcado recursos procedentes de ayudas estatales) y la acusación particular de EH Bildu, que fue el partido que presentó la denuncia que dio origen a las pesquisas judiciales. Las penas que se solicitan oscilan entre los 4 y los 8 años de prisión para cada uno de los seis procesados.

El siguiente paso es que el juez fije ya la fecha del juicio. La primera vista relacionada con un caso de corrupción en Alonsotegi está prevista para el 9 de enero. En ella se juzgará a varios técnicos y dos constructores (ambos están implicados también en este proceso), toda vez que la responsabilidad del exalcalde José Luis Erezuma quedó extinguida por su fallecimiento tras una dura enfermedad.

En su reciente auto, los magistrados de la Audiencia rechazan los recursos presentados por los cuatro constructores y el arquitecto. El abogado de este técnico afirmaba que la instrucción judicial del caso se basaba en «meras conjeturas» y que todas las decisiones adoptadas por las personas que dirigían entonces el Consistorio encartado fueron avaladas por el pleno, por la Comisión de Hacienda local y que tampoco hubo reclamaciones de la Diputación ni el Gobierno central.

Los jueces rechazan de plano este planteamiento. Aseguran que de la investigación se extrae «la existencia de indicios bastantes para sostener la acusación». Y que estos indicios son todo lo contrario a «insuficientes contradictorios o endebles». A su juicio, los diferentes informes y declaraciones recogidas en sede judicial «infieren la existencia de irregularidades e inexactitudes que no parecen casuales o fruto del error».

También destacan que uno de los empresarios emitió «una factura de 448.000 euros sin contenido económico real basado en una certificación de obra que reflejaba trabajos no realizados». La Audiencia respalda al juez de instrucción y califica su labor como «extensa y prolija». Por este motivo, rechaza los recursos, condena en costas a los apelantes y ordena que sigan los trámites para agendar y celebrarse el juicio.