La Audiencia ordena procesar a dos exalcaldes de Alonsotegi por delitos de corrupción

La investigación judicial de este proceso arrancó en 2014 tras una denuncia de EH Bildu, que alertaba de irregularidades en la disolución de la sociedad municipal que gestionó los activos urbanísticos del Ayuntamiento de la localidad encartada. Alonsotegi Eraikiz funcionó entre los años 2002 y 2011, un periodo gobernado por los alcaldes jeltzales Gabino Martínez de Arenaza y Aitor Santisteban. Estos dos regidores son los que han sido investigados por los citados delitos relacionados con la corrupción, además de tres abogados y un arquitecto.

La Audiencia ha tardado casi dos años en resolver los recursos planteados por las defensas contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 1 de Barakaldo de transformar el procedimiento en un juicio con jurado popular. Los magistrados entienden que el proceder es correcto y, en un auto de 18 folios, consideran que hay indicios de que se cometieron irregularidades importantes. A su entender, hay base jurídica para el procesamiento de las seis personas.

Los jueces enumeran una serie de hechos presuntamente delictivos relacionados con Eraikiz, como la cesión al Ayuntamiento de la sociedad con deudas cercanas a los 3,5 millones. Además, destacan que en varias de las obras y proyectos llevados a cabo «se prescindió de modo absoluto de los principios de publicidad y concurrencia» en la licitación pública, «vulnerando asimismo el régimen de incompatibilidades como miembros del consejo de administración» de dos de sus consejeros, que habrían tomado decisiones que pudieron beneficiar a empresas con las que estaban relacionados.

La Audiencia también destaca el cobro de casi 5 millones entregados por una promotora a Eraikiz por la venta de suelo público «sin que se conozca el destino de dicha cantidad de dinero». También observa irregularidades en la construcción del campo de fútbol, donde se aprecia una desviación «del coste final de la obra del 64%». Los jueces ponen en valor los informes elaborados por funcionarios locales que alertaban de decisiones adoptadas en contra de la legalidad así como también el trabajo de fiscalización realizado por el Tribunal Vasco de Cuentas, que apreció numerosos reparos a la gestión de la sociedad municipal. Este último documento fue elevado al Tribunal de Cuentas del Estado, que decidió, sin embargo, archivar las diligencias, lo que constituye una de las líneas de defensa de los acusados. Por último, los jueces han optado por no deducir testimonio por un presunto delito de falsedad documental contra el exalcalde Aitor Santisteban y una de sus asesoras, lo que pudiera haber dado lugar a otra pieza separada.