La Audiencia condena al exalcalde y a un alto cargo del Gobierno vasco por el fiasco de los purines de Carranza

Josu García

Viernes, 14 de septiembre 2018, 10:38 | Actualizado 19:23h.

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Vuelco en el caso de la planta de purines de Carranza, el proyecto que despilfarró 10 millones de euros de dinero público al quebrar la sociedad que impulsaba la construcción de una fábrica para acabar con el problema de los residuos ganaderos en la localidad de Las Encartaciones. La Audiencia de Bizkaia acaba de revocar la sentencia que exoneraba de responsabilidad en el ámbito mercantil a los promotores de aquella iniciativa. Los jueces consideran que la ruina de la sociedad que recibió los fondos del Gobierno vasco, la Diputación, el Ayuntamiento y el Gobierno central fue responsabilidad de sus administradores y de varias personas que intervinieron en el fallido proceso.

Los magistrados declaran ahora culpable el concurso de acreedores de la compañía y condenan a seis personas: políticos, altos cargos del Gobierno vasco y ganaderos. Entre ellos se encuentran el exalcalde José Luis Portillo y el exconcejal José Ignacio Muro (ambos del PNV) y el exdirector del Departamento de Agricultura del Ejecutivo autonómico Martín Ascacibar.

Les impone un castigo de dos años de inhabilitación para administrar bienes ajenos, ejercer el comercio o tener cargo o intervención económica en compañías mercantiles e industriales. Así mismo, la sentencia, a la que ha tenido acceso EL CORREO, les obliga a abonar solidariamente 485.000 euros y queda pendiente otra cantidad de 1,77 millones de euros, que tendrán que pagar si la empresa constructora no hace frente a ese agujero.

El fallo de esta pieza mercantil podría ser muy importante para el devenir de la investigación penal que un Juzgado de Balmaseda abrió por este mismo caso y en el que el juez imputó a una veintena de personas, entre ellos varios de los afectados por la resolución de la Audiencia de Bizkaia.

Una de las claves de la sentencia es que los magistrados han considerado como «muy grave» el hecho de que se compraran unos terrenos para albergar la planta que no reunían condiciones. Esta acción supuso un sobrecoste, a la vez que retrasó y vició el proceso de construcción. La primera magistrada que analizó el caso aseguró que la adquisición del solar había estado avalada por las administraciones y que no hubo culpa de los ahora condenados. Discrepan totalmente los magistrados de la Audiencia. Aseguran que la elección del emplazamiento se realizó «sin la diligencia elemental» requerida y critican que no se hiciera, algo tan básico, como un estudio geológico, cuando estaban comprometidos gran cantidad de fondos públicos.

Los jueces ponen el foco en que algunos de los informes fueron realizados por empresas interesadas, ya que después participarían en el entramado societario tejido para levantar la planta. Por todo ello, la Audiencia estima parcialmente el recurso presentado por la Abogacía del Estado y el administrador concursal.