El Ararteko amenazó con denunciar a otros ocho ayuntamientos el año pasado

2022 supuso un punto de inflexión en la labor de Manu Lezertua y en su relación con las instituciones del territorio, hasta entonces discreta más allá de que la disposición a colaborar que se encontrara al otro lado fuera buena o mala. El Ararteko decidió hacer público por primera vez el nombre de las administraciones que no venían cooperando pese a estar obligadas legalmente a ello. Dio el paso, dijo en su momento, preocupado por la «progresiva falta de atención» a sus requerimientos en la pospandemia. Pese a haber concedido un periodo de gracia para que toda la maquinaria administrativa volviera a ponerse en marcha tras los estragos del confinamiento, los retrasos acumulados eran ya inasumibles y afectaban «negativamente a los derechos de las personas» que habían enviado sus quejas.

Aquella vez se puso el foco sobre 19 administraciones, de las nueve eran consistorios vizcaínos. De aquellos ha repetido Sopuerta. La medida incluyó el envío de una batería de cartas recordándoles que no cooperar es «delito». El hecho era inédito porque el Ararteko solo ha llegado a apelar a la vía penal una vez, y por cuestiones de otra índole. En 2003 llevó a los tribunales al alcalde de Pasaia, Juan Carlos Alduntzin (Batasuna), tras negarse reiteradamente a encabezar los escritos oficiales con el lema 'ETA No'. El regidor fue inhabilitado durante nueve meses.

Coincidiendo con la decisión de airear los nombres de las administraciones díscolas, Lezertua también reivindicó la necesidad de actualizar la ley autonómica que regula la labor del Ararteko desde 1985. Pidió expresamente que se le facultara para sancionar a las instituciones reacias a colaborar. El Parlamento cerró el año pasado la puerta a este cambio normativo, así que el Defensor del Pueblo vasco persiste en la queja por los retrasos y en amagar con la vía penal porque es lo que le queda.

En la memoria sobre sus actividades de 2023 Lezertua insiste en que, aunque son minoría, sigue habiendo instituciones con una actitud «poco respetuosa» hacia el organismo autónomo y una «progresiva ralentización de los plazos de respuesta» a los que ha intentado poner remedio con «varias medidas». Según confirman portavoces del equipo de Lezertua, una de las principales ha sido tirar de teléfono y recordar «insistentemente» los deberes pendientes «teniendo en cuenta que no es lo mismo que se retrase un ayuntamiento grande que uno pequeño con las limitaciones de personal que tienen». Otra ha sido un llamamiento a los partidos políticos para que den un 'toque' a sus alcaldes.

Con todo, la lista de apercibimientos de 2023 fue muy similar a la del ejercicio anterior. Entre los señalados aparecen, entre otros, el antiguo Departamento de Vivienda y Transportes del Gobierno vasco, la Diputación de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria y los de San Sebastián, Deba y Lasarte-Oria en Gipuzkoa. En lo que se refiere a Bizkaia el caso más llamativo es el del Consistorio de Erandio, que tenía sin atender una queja sobre la tasa de basuras desde 2020. Ondarroa recibió una solicitud en 2021 para aclarar una pugna sobre un justiprecio. Plentzia tenía tres requerimientos pendientes desde 2022, y Getxo y Sestao dos cada uno.