La plantilla de FCC sopesa una huelga de limpieza para forzar la readmisión de los despedidos

Un asunto que ha deparado una inédita unidad entre los representantes de los trabajadores, que desean despejar las sospechas sembradas por parte de los gerentes de la compañía sobre su profesionalidad. Porque el comité defiende que los despidos no están justificados por el grado de absentismo, como se alegó pese a que en las cartas enviadas a los trabajadores se apuntase a que la unión empresarial había registrado unos ingresos inferiores a los esperados.

Según FCC, la tasa de bajas ronda el 25% cuando hace año y medio antes de la firma del nuevo contrato era del 16,9%. Una circunstancia que les provoca unas pérdidas anuales de 1,8 millones sobre los 22,8 que reciben por prestar el servicio de limpieza y recogida de residuos urbanos en la capital alavesa y hace complicado cuadrar las cuentas. Ayer, sus portavoces no quisieron entrar a valorar la posible convocatoria de movilizaciones y otra clase de maniobras de presión hasta que se hagan oficiales.

En todo caso, la versión de la compañía no convence a ningún grupo del Ayuntamiento y el Gabinete de Gorka Urtaran ya ha amenazado con imponer una sanción de carácter muy grave, que supondría el pago de 30.000 euros, si no se readmite a los despedidos y se recupera una plantilla de 364 empleados, como se fijó en el contrato. El Gobierno local tampoco quiso hablar sobre el conflicto entre la empresa y los trabajadores, aunque seguirá manteniendo reuniones con ambos para evitar que el problema pase a mayores.

Hasta 2023

Sin embargo, como anunció el concejal peneuvista Iñaki Prusilla, el Servicio municipal de Asesoría Jurídica está elaborando un informe que descarta la posibilidad de rescindir el contrato o rescatar (municipalizar) el servicio para que lo vuelva a prestar de forma directa el Consistorio de Vitoria, como insistentemente le reclaman EH Bildu, Podemos e Irabazi. Así que salvo que la UTE liderada por FCC renuncie a un jugoso contrato que le supone unos ingresos anuales de 22,8 millones, algo improbable, la multinacional que en el pasado se encargó de construir el infrautilizado Iradier Arena tendrá que mantener limpia la ciudad hasta julio de 2023.

El Gobierno PNV-PSE ya ha subrayado que no le temblará el pulso a la hora de sancionar a la adjudicataria del servicio, como ya hizo en siete ocasiones durante el año pasado por no cumplir con aquellas labores que suscribió en el contrato de mayo de 2015. Unas omisiones que, en cierta medida, han contribuido a la creciente sensación de suciedad y que ha provocado que el Ayuntamiento haya empezado a multar también a aquellos ciudadanos que hacen un uso inadecuado de los contenedores.