Aplazan la declaración de José Luis Bilbao en el pleito que enfrenta a Jabyer con la Diputación por Habidite

Bilbao tenía que acudir mañana al juzgado pero la sala donde iba a prestar declaración era muy pequeña así que se ha aplazado su comparecencia hasta solucionar esta contingencia y que todos los medios puedan seguir el caso.

El enfrentamiento judicial que mantienen el empresario Jabyer Fernández y la Diputación por el fracaso de Habidite está en la recta final. El expropietario del Grupo Afer reclama a la institución foral el pago de 30 millones de euros por los daños y perjuicios causados presuntamente por «la ruptura unilateral» de los convenios que ambas partes firmaron en 2007. El acuerdo preveía generar más de un millar de empleos al poner en marcha una fábrica de casas modulares en Alonsotegi, en unos terrenos que debían ser puestos a disposición del hombre de negocios por parte de la institución foral. Sin embargo, la iniciativa naufragó de manera estrepitosa y nunca llegó a materializarse.

José Luis Bilbao está llamado a declarar como testigo porque puso su firma a aquel pacto, según confirmaron fuentes judiciales. Los abogados del despacho madrileño Forum Jurídico quieren que Bilbao explique el modo en el que se cerraron los convenios y por qué la Diputación nunca llegó a ceder el solar, tal y como se había comprometido. Algo que, aseguran, fue determinante para que la iniciativa no se consumara y generase un grave perjuicio económico a su representado.

Los letrados de la institución foral han intentado que el ahora responsable del Tribunal de Cuentas prestara su testimonio por escrito para que no fuera necesaria su presencia en el Palacio de Justicia. Sin embargo, los jueces han estimado oportuno que acuda finalmente en persona a la sala. Del mismo modo lo hará el propio Jabyer. El expromotor inmobiliario, que salió hace unos meses de la cárcel de Zaragoza tras cumplir tres años de prisión por el 'caso Iurbenor', ofrecerá su versión de los hechos el día 26. Tras ambas declaraciones y la presentación de conclusiones por escrito, el caso quedará visto para sentencia.

Por el momento, el fracaso de Habidite ha costado a las arcas públicas cinco millones de euros en concepto de compra de solares y contratación de abogados. Los terrenos de la vaguada de Montealegre, en Alonsotegi, siguen siendo de la Diputación, pero carecen de uso. Jabyer, que es el mayor deudor de la Hacienda vizcaína, lleva batallando con la Administración territorial desde hace una década por este caso. Sus abogados insisten en que la actitud de Bilbao y su equipo fue determinante para propiciar la caída de Habidite y de todo su grupo empresarial. Durante el juicio al que fue sometido por la quiebra de la firma inmobiliaria y que le llevó a prisión, Jabyer denunció haber sufrido una conspiración política contra su persona. Se presentó como una víctima del por entonces diputado general y de un sector del PNV.

La institución foral siempre ha defendido que los acuerdos con Jabyer no superaron el filtro legal de Europa y que por este motivo no se desarrollaron. Los tribunales de la Unión los declararon ayudas de Estado, con el matiz de que uno de los dos convenios, el que hace referencia a la cesión del suelo, se habría ajustado a la normativa de haberlo comunicado las autoridades en tiempo y forma.

La clave del pleito girará de nuevo sobre este asunto. El equipo jurídico del hombre de negocios ha presentado un informe pericial en el que se desgranan los costes, gastos e inversiones en el que incurrió su cliente. Así reclaman ocho millones de euros por el trabajo en investigación y desarrollo realizado para activar Habidite. Otra de las partidas que se exigen dentro de los treinta millones, es el abono de tres millones por daños morales.