«Me amputé el dedo y sólo les preocupaba repartir paquetes»

Su historia arranca con la llamada de un amigo compatriota, afincado en la capital vizcaína. «Intentando ayudarnos», les animó a cruzar el charco. «Nos dijo que había trabajo para nosotros y que podías ganar cinco millones de pesos al mes, unos mil euros al cambio, pero no nos habló de las condiciones laborales. De haberlo sabido, nos habríamos quedado en Bogotá, donde mal que bien al menos comíamos».

«Vendimos el carro y la moto y nos vinimos para acá, pero nos encontramos con otra realidad». Al de diez días de llegar conocieron a dos hombres, que les ofrecieron trabajo en su empresa de reparto, subcontratada por otra firma más grande de Barcelona. Les dejaron una furgoneta. Trabajaban de nueve a nueve, de domingo a domingo, sin descanso, entregando 70 paquetes al día por 20 euros. Al principio, hasta que aprendieran, iban a ir juntos. Nelson y Cristian no tenían papeles, ni contrato ni seguro. La empresa tenía una aplicación en la que les asignaban trabajos y dos foros de whatsapp, que servirán como prueba de su relación laboral.

Viajaron con ellos la mujer de Cristian, embarazada, y la hija de ambos, de 10 años. Necesitaban dinero para comer los cuatro y para el alquiler porque se les iban acabando los ahorros. Pero el 11 de junio ocurrió algo que iba a cambiar sus vidas. Alrededor de las diez y cuarto tenían que llevar una caja en una dirección en Usansolo. Los paquetes no entregados suponían una penalización a la empresa, por lo que les presionaban para que hicieran todo lo posible para entregárselos al cliente. «Timbré y no había nadie», recuerda el joven. «Le llamé por teléfono y el señor me dijo que si se lo podía dejar en un patio interior». Se trataba de una caja voluminosa, con algo frágil. «Me subí al muro, lo pasé por encima y al bajar me enganché con un anillo que tenía en el dedo meñique con la verja. Me arrancó toda la carne, tendones y arterias, sólo quedó el hueso», detalla.

Muy asustado, Cristian corrió donde su hermano, que se había quedado al volante de la furgoneta. «Vino sangrando y gritando: 'Llévame al médico'», recuerda su hermano mayor Nelson, su gran apoyo. Estaba «inconsolable». Fueron al hospital de Galdakao, a cinco minutos. Mientras los médicos atendían a Cristian, Nelson llamó por teléfono a uno de los jefes. «Me insistieron en que no dijéramos que había sido trabajando», reproduce dolido.

Según el informe del traumatólogo, ante la «deguantación del quinto dedo de la mano derecha con pérdida prácticamente completa de las partes blandas (no hay piel ni tejido celular, con exposición ósea completa de las falanges 2 y 3», se le intervino para amputarle el quinto dedo.

El responsable fue a recoger la furgoneta para terminar la ruta. «Ellos estaban más preocupados por los paquetes y porque no se dijera que había sido un accidente laboral». Los dos jefes fueron al hospital a ver a Cristian. «Nos insistieron en que no dijéramos nada de que había sido algo laboral porque nos quedábamos todos sin trabajo».

Uno de los responsables tuvo la sangre fría de pedir a Nelson «ayuda porque estaba colgado y necesitaba que le ayudara a repartir diez paquetes». «¡Qué inhumanidad! Yo sólo pensaba en la salud de mi hermano, pero fui a hacerlo y después regresé al hospital». Aún ni les habían pagado. Como Cristian no tenía tarjeta de Osakidetza, una enfermera le entregó unos analgésicos y antibióticos para el dolor y la infección, pero no ha podido hacer rehabilitación para recuperar movilidad. «Se me cae todo de las manos. No tengo fuerza», lamenta.

Tras mucho insistir, les dieron 500 euros. «Y ya no volvimos a saber nada de ellos». Han llegado a pasar hambre. «Durante tres meses no comimos, sólo desayunábamos y cenábamos agua con galletas». La mujer de Cristian y su hija tuvieron que regresar a Colombia. Para colmo, Osakidetza, al carecer de tarjeta, le ha enviado una carta reclamándole 4.800 euros por la intervención, que no puede pagar.

Gracias a la ayuda de un abogado bilbaíno, Carlos Gómez Menchaca, los hermanos han interpuesto una querella criminal contra los responsables legales de la empresa de reparto subcontratada y la matriz por un delito contra el derecho de los trabajadores.