Los alquileres de menos de un año se disparan en Bilbao para esquivar la Ley de Vivienda

Como la gente necesita un piso donde vivir, queda como salida el mercado del alquiler. Y aquí también llegan los problemas. El aumento de demanda y la escasa oferta de vivienda que existe lleva años provocando que los precios estén disparados. Pues ahora la cosa se complica todavía más. Según Ana Acasuso, vicepresidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (APIs) de Bizkaia, la Ley de Vivienda que entró en vigor el pasado mes de mayo ha tenido un efecto perverso en el mercado. Por decirlo claramente: los propietarios, mayoritariamente, ya no quieren a familias y lo que buscan son arrendamientos temporales a estudiantes o profesionales que estén de paso.

Hay una diferencia grande entre un alquiler de vivienda habitual y uno temporal (cuya duración máxima es de once meses). El primero es objeto de especial protección por la regulación: «El contrato es prorrogable hasta cinco años y los honorarios de la agencia los abona el propietario», explica Acasuso. Además, la nueva ley establece medidas sociales como el concepto de vulnerabilidad, que dificulta la resolución del contrato en caso de impago cuando hay niños pequeños. «Hay propietarios que ya no quieren alquilar a familias con niños, o a jóvenes que puedan tener hijos, por si se declara la vulnerabilidad» que retrase el desahucio, asegura Acasuso. Además, cuando se definan las zonas tensionadas en las ciudades (casi todo Bilbao estará en esta categoría) se va a restringir la capacidad de los propietarios de subir precios, por más que el mercado esté disparado. El objetivo es que la vivienda cumpla con una función social más allá de afanes puramente mercantilistas y especulativos.

Lo que ha ocurrido, según han detectado en el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, es que esas previsiones de carácter social han asustado a los dueños de pisos, que para evitarse complicaciones y limitaciones están optando masivamente por los alquileres temporales, por un máximo de once meses. Su regulación no está en la nueva ley, sino en la de arrendamientos urbanos, y no se encuentran limitados como los de vivienda habitual. Eso sí, hay que justificar que se trata de alquileres realmente temporales: o bien porque son para un curso lectivo, o bien por un desplazamiento laboral de tiempo limitado, por ejemplo.

¿Hay picaresca para hacer parecer como temporal algo que no lo es? Acasuso dice que no. Primero, porque aquí en Bizkaia sigue vigente la desgravación fiscal por vivienda habitual, de manera que «a un inquilino en esta situación no le interesa aparentar temporalidad porque perdería el derecho a esa desgravación». También apunta que a los propietarios no les interesa entrar en este fraude, «en el que tienen todas las de perder si se demuestra que la estancia no es temporal». Pero, sobre todo, no tienen ninguna necesidad de exponerse con triquiñuelas porque les sobran clientes donde elegir.

Es decir, hay tan poca oferta y tanta demanda que simplemente tienen que seleccionar según sus apetencias. «Y lo que quieren son médicos, ingenieros y estudiantes». De ese modo, «hay muchas familias que no pueden acceder al mercado del alquiler», que es la única solución habitacional a la que podrían optar ante las dificultades para la compra. La cosa se agrava porque algunos propietarios, directamente, retiran el piso del mercado hasta que la regulación esté un poco más clara (sobre todo, en relación a las zonas tensionadas).

Hay una anécdota que refleja muy bien el estado de las cosas. «El pasado mes de agosto nos llegó un piso en alquiler por 780 euros que publicitamos un jueves; pues solo durante el fin de semana nos llegaron 480 contactos. En todos los pisos que se anuncian por debajo de los 800 euros hay un aluvión así». De ese modo, el propietario tiene margen para «hacer una criba importante». Y quienes primero se caen de la convocatoria son las familias que cobran RGI, las que tienen niños pequeños y quienes, en fin, más necesitan soluciones.