Alquila su VPO en Deusto a otra persona que la subarrendaba a 250 euros por habitación

No se lo podía creer. De salida, porque para los adjudicatarios de los pisos protegidos es requisito indispensable que sea su primera residencia, donde están empadronados y viven de forma «permanente». Y que nunca la pueden alquilar. Aunque también sea consciente de que siempre haya alguien que se salte las normas, como lo demuestra que desde el año pasado se haya cazado (con la sanción correspondiente) a una docena de propietarios que las habían arrendado de forma fraudulenta. Pero más le sorprendía que en este inmueble bajo tutela pública se había dado una nueva vuelta de tuerca a la ilegalidad al decidir subarrendarlo a su vez por habitaciones. Según constataron ayer responsables de la viceconsejería de Vivienda que dirige el socialista Iñaki Arriola, es la primera vez que se detecta esta práctica en una VPO.

De sorpresa en sorpresa, la siguiente saltó al comprobar que la persona que está cobrando 250 euros por cuarto al mes no es el propietario de la vivienda, sino el que debía ser su inquilino. Y otra más al revisar el censo municipal y detectar que en ese domicilio «se han producido empadronamientos de personas diferentes desde hace años».

En cumplimiento de la ley de protección de datos, desde el Ejecutivo autonómico eludieron desvelar cuándo se le adjudicó a esta persona el piso, pero sí remarcaron que sólo pueden actuar contra ella, no contra el arrendatario que realquilaba las habitaciones. El caso es que lo han hecho con tanta severidad que se intuye que había conseguido mantener oculta esta actividad clandestina durante mucho tiempo. Por eso le han impuesto la mayor sanción que hasta ahora ha adoptado el departamento: 26.000 euros.

La Ley vasca de Vivienda contempla multas por infracciones graves que van desde los 3.001 a los 20.000 euros (las muy graves hasta 300.000). En este caso la cuantía final es una suma de dos: una «moderada» de 6.000 euros por «incumplimiento del destino y uso de la vivienda protegida»; y otra con carácter ejemplarizante por alquilar un inmueble «que no cumple los requisitos legales para ello» y, consecuentemente, proporcionando al arrendador un beneficio fraudulento.

Pero las consecuencias de esta irregularidad pueden llegar todavía más lejos, incluso a la expropiación, una opción que contempla la normativa vasca y que acaba de ser avalada por el Tribunal Constitucional. Y que la viceconsejería admite estar dispuesta a llevar a cabo. Iniciará el expediente correspondiente si en el plazo de tres meses el propietario no regulariza la situación del inmueble «para que cumpla su función social». Es decir, desalojar a los inquilinos y volverla a ocuparlo él de forma efectiva. Las mismas fuentes reconocieron que respecto a la sanción impuesta, «la resolución todavía no es firme y el afectado puede presentar alegaciones».

En una comparecencia en el Parlamento vasco el pasado octubre, el consejero Arriola desveló que en todo 2017 y hasta junio de este año, su departamento había impuesto ya 240.000 euros en sanciones a 270 propietarios. La más alta eran los 11.500 euros de multa a Asier O. M. por alquilar su VPO en Sopela a través de una plataforma de alojamientos turísticos en internet.