Alonsotegi aprueba llevar a juicio a un exalcalde al no pagar el dinero defraudado

La decisión se tomó por unanimidad y, si no hay novedades, supone sentar en el banquillo al exprimer edil, un arquitecto, dos constructores y una técnico. Las tres formaciones con representación municipal, PNV, PSE y EH Bildu (que fue el grupo que destapó este caso y el que había solicitado la celebración del pleno extraordinario) dieron su visto bueno ante el impago por parte de los procesados de las cantidades que habían sido pactadas para restituir el daño patrimonial sufrido por el Consistorio y la Diputación.

Hay que recordar que el 17 de enero, un día antes de la celebración del juicio, los cinco acusados aceptaron declararse culpables de los delitos de fraude en subvenciones públicas, malversación, falsedad y prevaricación. Se comprometían a devolver una cantidad cercana a los 850.000 euros (incluyendo intereses). De esta forma serían condenados a penas máximas de 2 años con lo que evitaban su ingreso en la cárcel. En estos meses no se ha concretado el calendario de pagos ni se ha hecho ninguna entrega efectiva.

El caso se remonta a 2011. El Ayuntamiento debía una fuerte cantidad de dinero a los constructores implicados por un proyecto previo. Así que, según la Fiscalía, los acusados urdieron una trama para hacerse con el dinero solicitando subvenciones (600.000 euros a la Diputación, más otros 81.392 que salieron de las arcas del Consistorio).

Aprovecharon unas lluvias torrenciales que se produjeron entre el 4 y 6 de noviembre para pedir ayuda y reparar supuestamente tres instalaciones (los bajos de la casa consistorial, el ambulatorio y un muro en la carretera general). El fiscal, que pedía seis años de cárcel por los delitos de fraude en subvenciones públicas, malversación, falsedad y prevaricación, considera que tales obras no eran necesarias y tampoco se llegaron a ejecutar. En cambio, sí se prepararon informes municipales para justificar su necesidad y para intentar acreditar que habían sido presuntamente realizadas. Estos documentos, redactados o revisados por dos arquitectos y una asesora, serían falsos y se habrían elaborado para dar apariencia de legalidad a la operación. Las obras se adjudicaron por la vía de urgencia, sin procedimiento de contratación.