Alcaldes de PNV y Bildu se unen para denunciar el «menosprecio» al euskera

El fallo, dado a conocer el pasado 6 de julio, generó una considerable tormenta política. La Corte de Garantías resolvió que la necesidad de los funcionarios y los trabajadores locales de «alegar válidamente el desconocimiento del euskera» para que los documentos de funcionamiento interno en los ayuntamientos fueran redactados también en castellano suponía un «trato preferente» para una de las lenguas cooficiales y el «menoscabo» de la otra. El protocolo llevaba siete años en vigor.

Convocados por Kontseilua, la plataforma que reúne a entidades y organizaciones que trabajan en favor del euskera, la comitiva de regidores ha estado encabezada por los de Bilbao y San Sebastián, Juan Mari Aburto y Eneko Goia, las de Barakaldo y Getxo, Amaia del Campo y Amaia Aguirre, y el de Galdakao, Iñigo Hernando. Todos han elevado su makila al cielo para defender el «uso preferente» del euskera y reprochar al Constitucional que suponga un «obstáculo» para su uso y que «cuestione la capacidad de decisión» de los consistorios. «Supone un ataque gravísimo al autogobierno», ha dicho Aburto en representación del grupo.

Portavoces de Kontseilua también han aprovechado la ocasión para asegurar que el fallo de hace un par de semanas es «parte de una ofensiva judicial» impulsada por una «ola reaccionaria contra las lenguas minoritarias».

El pronunciamiento del TC extiende el largo goteo de sentencias que en los últimos meses vienen cuestionando el proceso de normalización lingüística emprendido por las instituciones vascas. Una sucesión de resoluciones judiciales que, tras poner coto a la exigencia del euskera en casos concretos de varios ayuntamientos y diputaciones, ahora da un paso cualitativo. No en vano, supone recortar una ley de trascendental calado político como la de Instituciones Locales, aprobada en 2016 tras décadas buscando un acuerdo que parecía imposible.

La norma en cuestión, ratificada con los votos de PNV y EH Bildu durante el primer mandato de Urkullu, prendió la mecha de la polémica desde el comienzo; entre otras cuestiones, por su apartado lingüístico. El artículo 6 estableció el euskera como «lengua de trabajo de uso normal y general» en las entidades locales. El Gobierno de Mariano Rajoy amagó con llevarlo al TC, pero un acuerdo con el Ejecutivo autonómico, coincidiendo con una negociación presupuestaria con los jeltzales en Madrid, desactivó el recurso. La controversia regresó con fuerza en 2019, cuando Lakua aprobó el decreto que desarrollaba parte de dicha norma. Entonces el PP, ya fuera de La Moncloa, desempolvó su rechazo al texto con un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) al que posteriormente se sumaría Vox.