Aburto veta el plan de sus socios socialistas de cerrar la Gran Vía al tráfico privado

«En el área vemos viable y positiva la medida, pero ahora el alcalde no lo ve». Así lo explica Abete. Es más, la concejala socialista asegura que «tenemos todos los estudios que la avalan», pero dar luz verde al asunto «está en manos del alcalde». ¿Cuáles son los recelos? La concejala señala que el conflicto estaría en cómo se comporta el tráfico tras el corte. En concreto, el que se metería por Bertendona antes de llegar a la Plaza Circular, y luego el que circularía por plaza Venezuela, Ibáñez de Bilbao y Mazarredo. «Tanto desde el Área de Movilidad como los informes externos reflejan que es perfectamente viable y no tiene incidencia». Pone un ejemplo: en hora punta el tráfico extra que recibiría Mazarredo tras el corte sería de «sesenta coches a la hora».

Desde la Alcaldía evitan dar su versión, aunque tratan de dulcificar el enfrentamiento y no les gusta la palabra veto; eso sí, no desmienten a la concejala (y también candidata) socialista. «El tema no está cerrado todavía» y los miembros del equipo de gobierno «lo tienen que hablar internamente», añaden desde el entorno de Juan Mari Aburto.

¿Qué lectura política hacer de esto? «Esta medida es viable y la seguiré defendiendo», dice Abete. ¿Acaso no hay una desautorización importante a una medida relevante del área de Movilidad? ¿Peligra el pacto de gobierno? «Las discrepancias las tenemos que debatir internamente, tenemos una visión diferente del asunto».

Ocurre esto en plena precampaña antes de las elecciones municipales y forales de mayo, cosa que quizás no sea casualidad. Con ese telón de fondo hay que tener en cuenta que el corte de la Gran Vía, como toda reorganización del tráfico, va a deparar algunas críticas. A cambio no se va a poder vender como activo relevante en cuanto a potencia gestora un aspecto nuevo y bonito de la calle, porque lo que ahora estaba previsto era lo que se llama 'urbanismo táctico', que viene a ser urbanismo barato: no se iba a reurbanizar la calle porque no hay presupuesto para ello, sino que simplemente se cortaría con señales, rayas en el suelo, y maceteros en el asfalto. Algo que se podría percibir como un parche en pleno corazón de Bilbao en un momento en el que cualquier intervención pública se mira con lupa.

Pero oficialmente el motivo del frenazo parecen ser los recelos que genera la reorganización del tráfico. Aquí se plantea una duda razonable: considerando la medida viene de lejos, incluso de mandatos que se remontan a muchos años atrás, e incluso está recogida en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), aprobado en 2018; considerando eso, decimos, ¿por qué se plantean los recelos justo ahora, cuando al fin se iba a materializar una medida que hasta ahora nadie había cuestionado?

Al margen de los desafíos lógicos que encierra este conflicto entre el PNV y el PSE, conviene recordar que no es la primera vez que un asunto relacionado con la movilidad hace saltar chispas en la entente del gobierno local. En el anterior mandato, en el año 2017, fue bastante sonado el desencuentro entre Aburto y el entonces líder socialista, Alfonso Gil, a cuenta de la posibilidad de implantar peajes para acceder al centro de la ciudad. Este último defendía ese modo de control y tenía la competencia de contemplarlo. Pero el alcalde rechazó la posibilidad. Entonces, los socialistas vieron una «descalificación y una falta de respeto» de su socio, lo que provocó una crisis en el gobierno. Aunque las aguas regresaron a su cauce despejando la polémica al limbo del futuro. En esta ocasión, sin embargo, el PSE mantiene un tono menos descarnado ante la postura de Aburto pese a que se rechaza no una posibilidad indeterminada en el tiempo, sino una medida anunciada y ya proyectada.

Eso sí, para llegar hasta este punto el recorrido ha sido exótico. En los Presupuestos municipales de 2022 ya había una partida de 728.000 euros para reurbanizar la Gran Vía entre la Plaza Circular y Urquijo, pero no se gastó. En las Cuentas de 2023 únicamente se reservaron 260.000 euros para esa actuación de baja intensidad, sin obra alguna. Y desde Movilidad aseguraron que el 1 de febrero se cerraría este segmento al tráfico privado. No ocurrió porque, según el área dirigida por Abete, había llovido y no se podía pintar el asfalto. Llegaría el cambio en cualquier momento. Ahora, todo queda en el aire.