8.561 vizcaínos reciben a la vez el Ingreso Mínimo Vital y la RGI

Eso no supone que cobren doble. La RGI parte de un mínimo de 727 euros (para un adulto que viva solo) frente a los 491 del IMV. En este caso, el beneficiario percibiría el importe del subsidio nacional y el Servicio Vasco de Empleo, con cargo a la Renta de Garantía de Ingresos, abonaría los casi 300 euros restantes.

Su implantación, de momento, es testimonial si se comparan los datos con la prestación vasca. El sistema de protección más novedoso contabiliza actualmente en Bizkaia 9.372 solicitudes aceptadas, mientras que la pionera renta autonómica, que comenzó a funcionar en 1989, tenía en diciembre un total de 31.420 beneficiarios. La razón principal, defienden en el área que dirige la socialista Idoia Mendia, es que «es más garantista».

En ese sentido, al margen de que las cuantías económicas son superiores, también los requisitos de acceso favorecen que haya más demandantes de RGI. El Ingreso Mínimo, por ejemplo, está dirigido a personas de 23 a 65 años y es necesario acreditar un año de residencia legal en España. La ayuda vasca, sin embargo, sí que complementa las pensiones de los jubilados, y para percibirla se debe demostrar la residencia efectiva en Euskadi (por ejemplo, a través del padrón) durante al menos tres años.

El País Vasco está a la espera de que el Gobierno central transfiera la competencia para la gestión integral del Ingreso Mínimo Vital. Y, tal y como explicó hace unos días el viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui, cuando llegue ese momento podrán realizar una «valoración más completa» sobre el impacto que está teniendo la nueva prestación y si la reducción de beneficiarios de la RGI está relacionada con este nuevo sistema de protección. No creen, en cualquier caso, que esa sea «la única razón para explicar» el descenso de perceptores, ya que apenas hay en Euskadi un millar de personas (811 en Bizkaia) que solo reciben el IMV.

Vinculan esa disminución a la «recuperación» del empleo y la menor necesidad de acudir a este recurso. «La gente entra y sale del sistema, la mayoría no son perceptores que están de manera continua», precisan. Al comenzar la pandemia se registró un ligero incremento, del 4,4% en el primer año desde la irrupción del coronavirus, hasta alcanzar los 55.666 beneficiarios en febrero de 2021. La cifra con la que se cerró el año, sin embargo, era de 52.839, similar a la de los meses previos al confinamiento.

La crecida no tuvo nada que ver con la que se produjo a raíz de la anterior crisis económica, cuando solo en el primer año se registró un aumento de perceptores del 40% (2009 cerró con 55.410) que siguió al alza hasta 2015, cuando Lanbide repartió ayudas a 66.373 solicitantes con problemas.