![7.000 firmas serán suficientes para promover una ley en Bizkaia](https://s3.ppllstatics.com/elcorreo/www/multimedia/202212/28/media/cortadas/firmas28-khBH-U19087298409FrE-1248x770@El%20Correo.jpg)
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Las Juntas Generales dejaron ayer encarrilada la reforma de la norma foral que regula la iniciativa legislativa popular. Se trata del protocolo que marca los pasos a seguir para que la ciudadanía registre propuestas que puedan ser abordadas en el Parlamento vizcaíno, y ahora va ... a ser «adaptado a los nuevos tiempos» con una serie de modificaciones. La principal es la rebaja del número de firmas requeridas para dar inicio al trámite: hasta ahora se requerían 20.000 y la idea es que pasen a ser menos de 7.000.
El número concreto se determinará durante las próximas semanas. La reforma legal presentada por la Diputación propone que sean 7.000 los apoyos requeridos, pero EH Bildu y Elkarrekin Podemos plantearon ayer rebajarlos a 5.000. Aún quedan varias semanas antes de que la nueva norma sea definitivamente aprobada en un pleno, y los grupos que sustentan al Ejecutivo foral, PNV y PSE, se han abierto a consensuar con la oposición la cifra definitiva.
El cambio es importante, o eso se pretende, porque desde que la norma foral de iniciativas legislativas populares original fuera aprobada en 1985 no se ha presentado en el Parlamento vizcaíno ninguna iniciativa de estas características. 37 años han pasado ya. La propia Diputación defiende la necesidad de retocar el protocolo porque hasta ahora sus condiciones se han demostrado que son «poco eficaces».
El Parlamento vasco, que originariamente también requería 20.000 firmas para activar el proceso, reformó su legislación en 2016 y rebajó el baremo a 10.000. Y eso que durante las últimas tres décadas han llegado a la Cámara una treintena de propuestas ciudadanas. La que más impacto tuvo fue la registrada en 2014 por el colectivo Fracking Ez, que llevó al registro de Vitoria más de 100.000 apoyos.
La nueva norma foral también realiza otro tipo de ajustes en el proceso de participación ciudadana. Por ejemplo, se incorpora la posibilidad de que los promotores recaben apoyos por vía digital, algo impensable en 1985, y se convierte de pesetas a euros -9.000- el importe máximo que se entregará a los colectivos implicados para dar a conocer sus propuestas y organizar recogidas de firmas.
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