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A cierre de octubre, Lanbide tenía abiertos más de 40.000 expedientes de perceptores que cobraban la Renta de Garantía de Ingresos (29.021), el Ingreso Mínimo Vital (10.772) o ambas (5.383). Esas ayudas correspondían a 35.000 hogares, en los que residen ... en torno a 60.000 personas, menos de un 5% del padrón del territorio. Las cifras, precisan desde el Servicio Vasco de Empleo, se mantienen a la baja desde hace varios meses, aunque sufren «pequeñas oscilaciones» porque algunos de los solicitantes «entran y salen del sistema». Pero también es una realidad que, por diferentes razones, «pasa mucho tiempo» dentro de esta red de protección social.
En ese sentido, basta con mirar los datos de la prestación más reciente, el IMV. Según el balance hecho público en la mañana de este lunes por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, desde junio de 2020, cuando se puso en marcha este mecanismo a nivel nacional, se han tramitado en Bizkaia 12.078 expedientes. Más de dos años después, de acuerdo a la información de Lanbide, la gran mayoría siguen activos: 10.772.
En el caso de la RGI, casi la mitad de los perceptores no tienen otra opción que cobrar esta renta. Así, insisten portavoces del Departamento de Trabajo y Empleo, «es muy importante recordar que el 25% son pensionistas», no pueden trabajar y complementan su prestación con esta ayuda. Entre «un 5 y un 7%», detallan las mismas fuentes, están excluidos del mercado laboral «por cuestiones sociales, de salud» y, otro 15%, «están trabajando», pero en empleos precarios que no les permiten subsistir.
Estos tres casos suman cerca del 50% de expedientes. Y de ahí que sea en la otra mitad, la que está en edad y condiciones de trabajar, en la que se fija Lanbide, porque en muchos casos tienen difícil acceder a un puesto. «Estamos haciendo diferentes programas, como uno piloto con 15 ayuntamientos en el que estamos promoviendo programas de empleo para parados de larga duración que están cobrando la RGI», señala.
Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el IMV «está teniendo una especial incidencia en la reducción de la pobreza infantil», ya que buena parte de los beneficiarios –el 42,5%– a nivel nacional, son menores. En el caso de Bizkaia, de las 25.156 personas a las que ha alcanzado desde su puesta en marcha este ingreso, el 33% tienen menos de 18 años. De hecho, el 40% de los expedientes tenían el complemento de ayuda a la infancia.
A nivel de Euskadi, son cerca de 60.000 los titulares de alguna de estas ayudas. La mayoría -49.091- perciben la RGI, 9.933 el Ingreso Mínimo Vital y 9.939, ambas. Pese a que Lanbide, que recibió la transferencia del IMV en marzo, implantó en junio una ventanilla única para tramitar estos apoyos económicos, las cuantías y las condiciones de acceso a uno u otro son diferentes. De ahí que algunas personas que reciben la ayuda puesta en marcha en su momento por el Gobierno central, más baja, la complementen con la renta vasca.
En los últimos años, apuntan desde el área que dirige Idoia Mendia, se ha producido un importante descenso de perceptores de RGI, algo que vinculan con «la creación de empleo». En 2019, por ejemplo, de media había 56.600 expedientes mensuales. El pasado año se había reducido la cifra a 53.000 y, en este 2022, está en torno a los 50.000.
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