El Supremo da la razón a Jabyer y reprocha a la Diputación cómo rompió el convenio de Habidite

Sin embargo, aquella iniciativa no llegó a buen puerto y derivó en una guerra sin cuartel entre ambos protagonistas. Jabyer es hoy el mayor deudor de la Hacienda foral y cumple una condena de tres años de prisión en la cárcel de Zuera por un delito societario relacionado con la inmobiliaria Iurbenor -la Diputación también le acusó de fraude fiscal y pidió 10 años de reclusión, pero de este cargo fue absuelto-. Bilbao ha dejado la institución foral y es el presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

Los dos están fuera de la primera línea de la actualidad vizcaína, pero la batalla sigue todavía abierta. El Tribunal Supremo acaba de fallar en contra de la Diputación en uno de los dos contenciosos que los abogados de Jabyer mantienen vivos. En una sentencia a la que ha tenido acceso EL CORREO, los magistrados reprochan a la institución foral el modo en el que dio por rotos los tres convenios que firmaron con el empresario para promover Habidite. Dicen los jueces que la decisión se adoptó sin respetar el procedimiento administrativo, lo que generó «indefensión» a Jabyer, al que «ni siquiera se le escuchó».

Vuelta a la casilla de salida

El Supremo no entra al fondo del asunto (no analiza si existe una responsabilidad patrimonial de la Diputación o si los acuerdos fueron legales o no), pero abre la puerta a que el constructor pueda presentar una reclamación millonaria. De hecho, el caso vuelve a la casilla de salida. La institución foral tendrá ahora que decidir qué hace con esos contratos. Si los declara nulos y los rescinde, tendrá que dar pie a Jabyer para que presente alegaciones y, en su caso, exija una indemnización.

El fallo dice algo más. Hay una apreciación que pone en jaque uno de los argumentos que ha venido utilizando la institución foral para defenderse. Sus responsables siempre han argumentado que los acuerdos suscritos fueron declarados ilegales por las autoridades europeas, que los consideraron ayudas de Estado. Pero hay un matiz que no pasan por alto los jueces. «Así -apunta la sentencia- hemos de reiterar que las ayudas contenidas en los convenios son declaradas ilegales por la Comisión Europea por no haber sido comunicadas oportunamente por la Administración pública, cuestión ésta de la que no puede responsabilizarse al administrado (Jabyer), que sin embargo ve totalmente frustradas sus expectativas por el poco diligente comportamiento de la administración, siendo que, de haber sido dichos convenios comunicados en tiempo y forma, las ayudas del segundo convenio sí hubieran sido admitidas hasta un límite de 10,5 millones de euros».

Esta supuesta falta de «diligencia» será uno de los pilares que guíe la reclamación que los abogados de Jabyer ya preparan. Los letrados cuentan con un informe pericial de una prestigiosa consultora en la que se habla de una cantidad mínima de 8 millones de euros. «Somos persistentes y seguiremos adelante», apuntó Miguel Ángel Hortelano, del despacho Forum Jurídico. La Diputación, por su parte, no hizo ayer declaraciones, a la espera de que los servicios jurídicos analicen la sentencia.