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José Mari Reviriego
Lunes, 5 de junio 2017, 13:08
Capacidad de reacción o falta de previsión. Este es el núcleo de la discusión que han mantenido esta mañana el equipo de gobierno de Bilbao y la oposición en el debate abierto por las posibles causas del incendio que «segó cuatro vidas» en un edificio ... de La Landa, un barrio degradado de Zorroza. En su primera comparecencia pública tras la «desgracia», ocurrida en la madrugada del 27 de mayo, el Ejecutivo PNV-PSE ha defendido su actuación antes y después del siniestro, convencido de que de que «no hay ninguna evidencia entre el estado» urbanístico del inmueble y las llamas desatadas en él.
Pese a que aún no ha finalizado la investigación de la Ertzaintza, encargada de determinar el origen del incendio, el concejal de Planificación Urbana, Asier Abaunza, ha desligado la situación del bloque del fuego, aunque no hubiera presentado la Inspección Técnica que le correspondía por antigüedad en 2015. Ha reconocido que no había pasado esta ITV, pero que el Consistorio descartó una actuación en firme para que lo hiciera porque ya tenía decidido su expropiación y derribo. Abaunza ha precisado hoy que «antes de que finalice el año».
El concejal del PNV_ha recordado la responsabilidad de los propietarios y de los inquilinos legales en la conservación de la vivienda con el argumento de que en Bilbao «todos los vecinos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones». En cualquier caso, ha negado que el inmueble estuviera en riesgo de ruina o que su estado precisara de una actuación inmediata para garantizar su conservación.
Acompañado por los delegados de Seguridad y Acción Social, Tomás del Hierro e Iñigo Pombo, Abaunza ha recordado al final de su intervención que el problema de La Landa viene de largo e, incluso, ha señalado la participación de EA hoy en EH Bildu y de Ezker Batua en anteriores gobiernos de coalición en el pasado, durante la etapa de Iñaki Azkuna.
Frente a la tesis de la fatalidad, la oposición, especialmente EH Bildu y UdalBerri, ha censurado la falta de medidas de prevención del Ayuntamiento en esta barriada, pese a las constantes demandas de los vecinos de Zorroza y de los propios partidos. La última de ellas, en el pleno de octubre de 2015 en el que el Gobierno actual que lidera Juan Mari Aburto se comprometió a «analizar más profundamente si cabe la situación de régimen edificatorio y desestructuración social existente, con el objeto de adoptar medidas inmediatas donde sea necesario».
Celeridad que, a juicio de la oposición, no se ha producido en esa barriada marginal de Zorroza. Aitziber Ibaibarriaga (EH BIldu) ha denunciado la «responsabilidad política» del Ayuntamiento por su eventual falta de atención con los residentes de La Landa, un vecindario con mayoría de residentes de etnia gitana y «en riesgo de exclusión social» al que, en su opinión, no se le puede exigir lo mismo que al resto de habitantes de Bilbao. «Esto no es una fatalidad. Es consecuencia de las bolsas de exclusión», ha denunciado.
«Evitar la tragedia»
Carmen Muñoz (UdalBerri) ha considerado «insuficiente» la actuación del Gobierno local en el ámbito de la prevención. «No se puede responsabilizar a los vecinos. Cuando interesa, el Ayuntamiento interviene. Así se hubiera podido evitar la tragedia», ha advertido.
Por su parte, Luis Eguiluz (PP) ha emplazado al resto de la ciudad a ser sensible a la «solidaridad» más allá de los primeros momentos de la tragedia de Zorroza, mientras que Francisco Samir Lahdou (Goazen) ha denunciado la «inacción» de los responsables municipales en un asunto muy sensible.
El equipo de gobierno ha realizado una medida respuesta a la gestión de la crisis, en un momento muy delicado tras la entrada en liza de la cuestión judicial. El popular abogado Marcos García Montes está dispuesto a personarse como acusación particular en representación de familiares de las cuatro víctimas mortales un joven matrimonio y sus dos hijos de corta edad. El letrado aspira a que el Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao abra un proceso penal por presunto homicidio imprudente y lesiones graves, en un caso en el que ve una supuesta «negligencia» de la Administración por una eventual falta de controles urbanísticos.
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