Bilbao sólo ofrece 61 viviendas turísticas legales tras rechazar tres de cada cuatro peticiones

Desde allí se adentran en columnas lideradas por un guía por las Siete Calles, donde admiran sus históricos rincones y cosas más nimias que antes pasaban desapercibidas, como el nivel que alcanzaron las aguas durante las inundaciones de 1983. Esa placa ya es de por sí un motivo de explicación, micrófono en mano. Muchos vecinos no dan crédito al espectáculo. Su barrio se ha convertido en un centro de peregrinación.

La nueva vida que ha cobrado el Casco Viejo hace parada y fonda en la vivienda de uso turístico de José Ramón Allende, un propietario que ha decidido aprovechar el tirón con el alquiler de un apartamento muy coqueto, situado en Artecalle, que cumple con todas las de la ley. El piso es uno de los 210 que tiene registrados a día de hoy el Gobierno vasco en Bilbao, que en agosto de 2016 impulsó la primera ley para empezar a regular la utilización de casas particulares como hospedajes temporales con fines lucrativos.

Un negocio visto con recelo desde el sector hotelero por la existencia de lagunas legales por las que se cuela la economía sumergida y la competencia desleal, pero que constituye una alternativa interesante de alojamiento para los visitantes en tiempos de crisis. Además, abre una oportunidad económica para los residentes que quieren rentabilizar un piso. Pese a que Bilbao mantiene una normativa restrictiva, la falta de controles efectivos ha salpicado de incertidumbre una actividad practicada en media Europa.

No es el caso del alojamiento de José Ramón. Se trata de una vivienda registrada en el departamento de Turismo del Gobierno vasco y con los permisos en regla. Su actividad tributa a Hacienda y cumple con la condición imprescindible que exige la concejalía de Planificación Urbana: ocupa la primera planta de un bloque residencial -no se permiten los alquileres turísticos de pisos enteros en alturas superiores-.

500 pisos clandestinos

Pero no todas las que operan en la capital vizcaína y, por extensión, en localidades costeras de Bizkaia son así. El sector hotelero calcula que en la ciudad se ofrecen entre 500 y 600 viviendas de uso turístico clandestinas; es decir, que no cumplen la normativa legal, por muy buena voluntad que tengan algunos de sus propietarios. Una oferta en ascenso que completa la capacidad de camas en fechas de aluvión como la Aste Nagusia, el BBK festival y algunos eventos deportivos.

El presidente de Destino Bilbao, que agrupa a 25 hoteles, Álvaro Díaz-Munio, reclama «las mismas obligaciones» que cumplen sus negocios a las viviendas de uso turístico para evitar el intrusismo. «No se trata tanto del daño económico. Esa oferta es necesaria. Yo, que tengo familia numerosa, los usaría cuando viajo. Pero legales, claro», avisa.

Oficialmente, el Ayuntamiento ha recibido desde agosto un total de 256 peticiones de personas interesadas en dar esa actividad a un inmueble de su propiedad. De ellas, sólo 61 han recibido la autorización, una vez confirmado que son habitables. El resto ha sido rechazada, principalmente por no estar ubicada en un primer piso. Es decir, tres de cada cuatro no pasan el corte.

Pero las cuentas no cuadran. El registro del Gobierno vasco tiene 210 viviendas, lo que revela que no todas las que se han inscrito cumplen con la legalidad exigida. El Ayuntamiento ultima con el Ejecutivo y el resto de capitales la organización de una estrategia conjunta que permita actuar de oficio contra las irregularidades y aumentar el celo en las revisiones. «Hay que elaborar un protocolo de actuación, con el fin de que afloren los negocios, se registren y se compruebe su legalidad», explicó una portavoz de la consejería de Turismo que dirige Alfredo Retortillo.

En la actualidad, el Ayuntamiento sólo realiza inspecciones y, en su caso, abre expedientes si hay una denuncia de un particular o de una comunidad de vecinos. Por este motivo, sólo se han presentado dos reclamaciones. Un hecho que, a juicio del concejal de Planificación Urbana, Asier Abaunza, retrata una escasa conflictividad a diferencia de Barcelona, Madrid y San Sebastián.

El equipo de gobierno PNV-PSE «no tiene intención» de endurecer ni de flexibilizar la normativa frente a las presiones del sector hotelero o de grupos de particulares. Estos últimos, partidarios de que se facilite la apertura de viviendas en plantas superiores. La concejalía alega que los pisos de uso turístico constituyen una actividad económica que sólo puede realizarse en una primera planta, como los bufetes de abogados, las consultas médicas o las oficinas. Además, considera que el Plan General de Ordenación Urbana, aprobado en 1995, recoge restricciones «que nos salvaguardan ahora frente a un crecimiento desmedido» del turismo.