El Ayuntamiento no prestará asistencia jurídica a los vecinos con conflictos con 'los Pichis'

Tampoco ha sido aprobada la enmienda de modificación presentada por Udalberri a la moción del PP, en la que se instaba a «generar un plan integral de intervención social en el barrio de Atxuri que incluya mecanismos de mediación comunitaria y que cuente con la participación de todas las asociaciones vecinales de cara a mejorar la convivencia».

En la defensa de su proposición, el edil popular Oscar Fernández Monroy, ha recordado que «es por todos conocida la situación de conflictividad y delincuencia enquistada desde hace más de una década en la zona de Ollerías en el barrio de Atxuri. Han corrido ríos de tinta con este asunto cuya gravedad ha obligado a la intervención del fiscal general del País Vasco». También ha señalado que la Policía Municipal llevó a cabo 46 intervenciones por esa causa el año pasado, «de las cuales diez han sido judicializadas» y ha lamentado que la respuesta municipal haya sido «disminuir la presencia de unidades y de agentes uniformados en la zona». Por eso ha pedido que el Consistorio se implique ayudando a los vecinos en los procesos judiciales en los que están personados y en los que se acusa a los Pichis de «amenazas y agresiones» a vecinos. «Es lo mínimo que este ayuntamiento puede hacer, y el alcalde y el Gobierno tendrá que elegir entre defender a las víctimas o defender a los agresores, que han generado una alarma social sin precedentes dentro de nuestro municipio y fuera de él». La segunda petición de los populares era que se ejecute «la deuda pendiente en relación a las lonjas de Ollerías bajas, 6». Una deuda «de una cuantía importante que se arrastra desde hace años». Los populares preguntan por qué no se ejecuta «como a cualquier otro ciudadano».

El concejal de Acción Social, PNV Iñigo Pombo, ha explicado que su grupo «dice no a la propuesta del PP, pero no decimos que no a los vecinos». Sobre la petición de ejecución de la deuda, ha señalado que la norma foral «declara la reserva de los datos tributarios» y no van a discutir en el pleno «la ejecución o no de la deuda, y de las estrategias, si es que existiera la deuda». No obstante Pombo ha garantizado que el Ayuntamiento no va a renunciar a trabajar en Ollerías, «y mucho menos abandonar a los vecinos, a quienes queremos mostrar nuestro apoyo y solidaridad».

El alcalde, Juan María Aburto, también ha tomado la palabra para responder al portavoz popular: «Lo exacto es decir que el fiscal general del País Vasco ha actuado, y antes de que el fiscal haya acudido, este alcalde acudió al fiscal general, y está pendiente de estar nuevamente con él». En respuesta a la crítica por la disminución de la presencia de agentes, Aburto ha dicho que «sería justo completar la información, añadiendo que en el barrio se han colocado elementos de seguridad pasiva, de cámaras, con grabación constante, lo que aporta una seguridad a ese entorno».

«Medida simplista y cortoplacista»

Para Udalberri la solicitud de ejecución de la deuda del PP es «una medida simplista y cortoplacista que no mejora ninguno de los factores que han llevado a esta situación». «El objetivo no debe ser expulsar a nadie y trasladar el conflicto a otro lugar y conflicto, sino mejorar la convivencia en el barrio, y esto pasa por trabajar la integración comunitaria y la incorporación social de los miembros de la familia partícipe del conflicto», ha dicho Carmen Muñoz.

El portavoz de Ganemos Goazen Bilbao, Francisco Samir Lahdou, ha preguntado al PP «qué asesoramiento concreto puede dar el Ayuntamiento a estos vecinos que no tengan ya» y ha dicho que los populares «quieren que se defienda a unos vecinos sobre otros». En cuanto a la ejecución de la deuda, no duda de que el Ayuntamiento «estará actuando por los cauces correspondientes en este asunto, para que, si esa deuda existe, se cobre como se haría con cualquier otro vecino de la villa».

Desde EH Bildu han dicho que las instituciones «no han estado a la altura de las circunstancias para encauzar este tema a tiempo, y ha faltado coordinación y comunicación», pero han apostado por ser «una oposición responsable, sobre todo cuando está en juego la convivencia de todo un vecindario», ha señalado la edil Alba Fatuarte.