Hacienda empieza a subastar los bienes de Jabyer Fernández, el mayor moroso de Bizkaia

Con esta medida, la Diputación pone en marcha el proceso para intentar recuperar parte de la enorme deuda contraída por el empresario de Santurtzi con las arcas públicas a través de los bienes embargados. Este hombre de negocios, que debe aún al fisco 65 millones de euros, actualmente cumple una condena de tres años en la prisión de Zuera (Zaragoza) por un delito de insolvencia punible relacionado con el caso Iurbenor: en pleno boom inmobiliario compró 250.000 metros cuadrados de la antigua Sefanitro en Barakaldo para construir 2.000 pisos. La crisis arruinó sus planes, y tuvieron que traspasar los terrenos para pagar los créditos adquiridos. En 2009 llegaron a un acuerdo con La Caixa y BBK en una operación valorada en casi 360 millones de euros, de los que 43 debían haber sido ingresados en Hacienda en concepto de IVA. Pero no fue así. Fernández lidera el listado de morosos que sacó a la luz la institución presidida por Unai Rementeria el pasado 30 de septiembre.

La mitad de la casa del pirineo aragonés que pertenece al que fuera el constructor más pujante de Bizkaia cuenta con tres embargos pendientes, según ha podido saber EL CORREO. Dos corresponden a la Hacienda vizcaína (por una suma de 460.000 euros más intereses de demora), mientras que el tercero es consecuencia de una obligación de pago insatisfecha con la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 762 euros.

La parte del inmueble que está registrada a nombre del empresario ha sido valorada para su subasta en 211.525 euros. Se trata de un pareado ubicado en la calle Francia, en las afueras del pequeño municipio oscense. Según el catastro, el chalé tiene una superficie de 134 metros construidos. Fue levantado en 1999 y forma parte de una urbanización en la que hay bastantes inmuebles que son segundas residencias de ciudadanos vascos, riojanos y navarros.

El inmueble consta de planta baja, primera altura y una sobrecubierta. Se trata de la construcción típica del pirineo aragonés, con fachada de piedra y tejado inclinado de pizarra gris oscura. La propiedad dispone, además, de un garaje de 19 metros cuadrados y un jardín de 30. Según los datos del Registro de la Propiedad, para la adquisición de la vivienda se suscribió una hipoteca de 78.000 euros. No se especifica si el crédito se ha pagado parcialmente.

La subasta se celebrará el próximo 15 de febrero. Las personas interesadas en pujar tendrán que realizar una propuesta que supere, al menos, la mitad del precio fijado, es decir, el ofertante tiene que poner sobre la mesa más de 105.750 euros. Al tratarse de sólo la mitad de los derechos sobre la vivienda, se antoja muy difícil que alguien pueda concurrir a la convocatoria.

Caída de su holding

Jabyer llegó a poseer algunas de la principales empresas constructoras de Bizkaia a mediados de la década pasada. Sin embargo, a consecuencia del impacto de la crisis y tras su enfrentamiento con José Luis Bilbao por el fracaso del proyecto de construcción de una planta de fabricación de casas modulares en Alonsotegi (Habidite), el hombre de negocios vio como su holding de empresas se vino abajo.

Acorrolado en los tribunales por algunos de sus socios en Iurbentia y por la Diputación, que le acusó de fraude fiscal y le denegó un aplazamiento para pagar una factura de 43 millones de euros correspondiente al impuesto del IVA, Jabyer fue condenado por agravar la insolvencia de Iurbenor, en el marco de la multimillonaria operación de venta de terrenos de Puerta de Bilbao en Barakaldo. El constructor, sin embargo, fue exculpado de la acusación por evasión de impuestos, por la que los abogados forales reclamaban un castigo de diez años de cárcel.

Jabyer mantiene aún una dura batalla legal contra la Diputación. El empresario está convencido de que tiene derecho a una indemnización millonaria. Cree que la institución foral le dejó en la estacada con el asunto de Habidite, tras haber firmado tres convenios oficiales. Las autoridades europeas anularon recientemente estos acuerdos, al entender que constituían ayudas de Estado, aunque reconocieron que uno de ellos podría haber sido legal, si se hubiera comunicado a tiempo.