El negocio oculto de la RGI en Bizkaia: 200 euros al mes a cambio de un empadronamiento ilegal

La inscripción en el padrón es un requisito indispensable para que un ciudadano pueda acceder a recursos públicos tan básicos como la sanidad y la educación. Estar empadronado es, además, una condición indispensable para poder cobrar la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que puede oscilar entre 610 y 920 euros mensuales en función de las necesidades del ciudadano que la solicita. Y también para percibir la ayuda al alquiler, que ronda los 250 euros. Prestaciones dirigidas a evitar que los ciudadanos con escasos recursos -ya sean desempleados, pensionistas o trabajadores con contratos precarios- caigan en la exclusión social.

Una persona necesita estar tres años empadronada en la misma localidad para poder acceder a estas ayudas públicas, entre otros requisitos. Pero desde el año 2010, a raíz de una reforma de la RGI emprendida por el Gobierno de Patxi López, en una misma vivienda no pueden convivir más de dos personas que perciban este subsidio. El endurecimiento de la normativa se produjo después de que varios ayuntamientos descubriesen casas en las que residían decenas de individuos, los conocidos como pisos patera. En una vivienda de Bilbao La Vieja, por ejemplo, había empadronadas 37 personas. El Consistorio comprobó que, en realidad, sólo 5 dormían allí y que 8 de ellos estaban cobrando la RGI sin cumplir los requisitos exigidos para ello. Se suspendieron todas las ayudas.

Aquella modificación acabó en gran medida con este tipo de prácticas. Pero, según explican desde diversas organizaciones sociales, también obligó «a mucha personas en verdaderos apuros» a cambiar de piso para poder seguir percibiendo las subvenciones. Y, como consecuencia de ello, la medida «contribuyó a crear una especie de mercado negro» en el que los empadronamientos, ya sean legales o ilegales, se convirtieron en un objeto muy preciado. Un negocio oculto que ha ido creciendo en los últimos años hasta convertirse, a su juicio, en una auténtica «burbuja».

Sin tapujos

Para corroborar esta afirmación basta con echar un vistazo a las páginas web de alquiler de pisos. En internet figuran numerosos anuncios de personas que, sin ningún tapujo, ofrecen empadronamientos para poder cobrar ayudas sociales. Hay todo tipo de ofertas de estas características mezcladas entre anuncios normales. Gente que no se anda con rodeos y plantea directamente la posibilidad de dar de alta a alguien en su piso a cambio de unos 200 euros. Eso sí -aclaran-, la oferta no incluye vivir en casa. Otros sí dan la posibilidad de residir en su vivienda, pero entonces -explican- el precio del alquiler sería bastante más caro. Aquí también se publicitan abogados que, a cambio de sus honorarios, se ofrecen para tramitar los papeles o los recursos de la RGI. En la actualidad la perciben 64.281 personas en Euskadi, su nivel más bajo en los últimos dos años y medio.

Las conversaciones que figuran en la parte inferior de estas páginas se han extraído de llamadas de teléfono realizadas al azar entre los anuncios de una web especializada. Sorprende la naturalidad con la que los interlocutores tratan el tema con desconocidos. Cuando se les plantea si esto es legal, la mayoría insiste en que no tiene por qué haber problemas siempre y cuando el inquilino no vaya diciendo «por ahí» que no está viviendo en esa casa. «Es para sacar un dinerito extra», explica uno de los propietarios.

¿Y qué dice Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo, de todo esto? Un portavoz del Departamento que dirige Ángel Toña aseguró que desconocía que en internet se comercializase con los empadronamientos, pero insistió en que, en todo caso, este tipo de prácticas deben ser «perseguidas por la Policía». «En Lanbide hay funcionarios que verifican que se cumplen con los requisitos, pero no son policías y no pueden saber si su padrón es falso. De todas formas, el fraude es mínimo. Cuando tenemos la más mínima sospecha se la comunicamos a la Ertzaintza», subraya el mismo portavoz, que alude al convenio suscrito con la Policía vasca para investigar de forma conjunta los fraudes. De hecho, según una respuesta parlamentaria, hasta hace unos meses la Ertzaintza descubría un caso diario de rregularidades en el padrón.