Crimen entre guardias civiles en la casa cuartel de La Salve

En septiembre de 2001, en apenas quince días fueron asesinados dos guardias civiles en Bizkaia, el primero en su piso de Mungia y el segundo, que no saltó a la luz pública hasta diez días después de ocurrir, en la casa cuartel de La Salve, en Bilbao. José Luis García Barrosa, un guardia civil de baja por problemas psicológicos, fue acusado de ambos crímenes, pero el primero quedó archivado por falta de pruebas. Barrosa conocía a las dos víctimas, el cabo Ángel Manuel Villa Villa, y Leonardo Raúl Graña López, ambos asturianos de 36 años. Habían convivido los tres, con sus respectivas parejas e hijos en el acuartelamiento de Soietxes, y pertenecían al mismo y estrecho círculo de amistades.

Los crímenes se registraron el primero en la vivienda de Graña en Mungia el 14 de septiembre de 2001. Graña, retirado del servicio, apareció muerto en su piso de alquiler en el que llevaba residiendo tres meses tras fracasar su matrimonio. El hombre recibió un disparo cuando miraba unos papeles. El caso, investigado por la Ertzaintza, fue «sobreseído» por el juez instructor de Gernika en 2005. Dos semanas después, el 25 de septiembre de 2001, aparecía muerto otro guardia, esta vez, en el mismo corazón de la institución armada, en la casa cuartel de la Guardia Civil en La Salve, Bilbao. El asesino se había saltado el férreo control de acceso y sin dejar rastro se había colado en la vivienda del cabo, un tercer piso a 200 metros de la garita, y le había matado. Ninguno de los habitantes del complejo, en el que residían entonces unas 300 personas, escuchó ningún ruido extraño. Desde un primer momento se sospechó que el autor tenía que ser un miembro del cuerpo. El caso se guardó con absoluto mutismo y no trascendió de forma pública hasta diez días después.

La víctima le dejó entrar porque eran amigos. Estuvieron charlando sentados en banquetas y en un momento determinado, el autor del crimen le disparó al menos en dos ocasiones. Fue encontrado con la cabeza destrozada y con signos de haber recibido una paliza. El autor se cuidó de colocar un chaleco antibalas para recoger la vaina y el proyectil y no dejar pruebas.

Días antes le había pedido el arma reglamentaria, una 'Star 30M', a un compañero, por lo que no utilizó la suya propia. El jefe de la Policía Judicial declaró que en el juicio que desde el primer momento sospecharon que detrás del asesinato había «una persona con conocimiento de cómo funcionan las armas de fuego».

Primer juicio sin veredicto

Un equipo de la prestigiosa Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se desplazó a Bilbao para investigar el caso, registrado en el seno del cuerpo. El guardia civil José Luis García Barrosa, natural de Orense de 36 años, de baja por problemas psicológicos desde hacía varios meses, fue detenido como principal sospechoso, aunque siempre negó la autoría. Tras pasar a disposición judicial, quedó ingresado en la unidad de Psiquiatría del hospital de Basurto. Según el escrito de la Fiscalía, el acusado propinó fuertes golpes en la cabeza a la víctima cuando se encontraba ya agonizante, provocándole un «cuadro de destrucción de centros vitales encefálicos».

Según el abogado de la acusación particular, García Barrosa había llegado a afirmar que el cabo Villa «no merecía ser miembro de la Guardia Civil». Ante su psicólogo se recreó en el crimen «hablando de forma utópica como si lo hubiera planeado». Durante el primer juicio, celebrado en junio de 2003, declaró la mujer del acusado como testigo de la defensa, quien advirtió que «la única prueba física que tienen es una manchita de sangre en su mochila. Que nos digan su antigüedad porque íbamos con ellos a la playa».

Los distintos psiquiatras que testificaron en la sala de vistas evidenciaron sus discrepancias. Mientras que para unos sufría un delirio permanente que quebraría su imputabilidad, para otros padecía «un trastorno de la personalidad que no alteraba su percepción de lo real». Todos coincidieron en que se trataba de una persona «fría y calculadora». Una especialista del hospital de Basurto donde estuvo ingresado dos meses, llegó afirmar que no padecía enfermedad mental alguna y recordó que el paciente había estudiado en profundidad varios libros de psiquiatría y «conocía los síntomas de cada patología y la terminología mejor que yo».

El juicio tuvo que repetirse en octubre al no llegar los miembros del jurado popular a un veredicto: seis abogaban por la culpabilidad y tres estaban en contra, cuando se exige una mayoría de siete. Finalmente, en octubre, el acusado fue declarado culpable de asesinato con el agravante de abuso de confianza, por el que fue condenado a doce años. El fallo le reconocía la eximente incompleta de alteración psíquica al sufrir un «trastorno de la personalidad que alteraba notablemente sus capacidades cuando mató a su compañero y amigo».